La Justicia federal de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de fuerzas armadas y de seguridad acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar en la Argentina. La investigación apunta a secuestros, tormentos, abandono y apropiación de menores ocurridos en operativos del aparato represivo.
La medida fue dispuesta por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza. En su resolución, dictó el procesamiento de 15 exmiembros del aparato represivo y ordenó prisión preventiva para cuatro de ellos, además de embargos económicos.
Según la investigación, los hechos afectaron a menores que quedaron expuestos a operativos violentos contra sus familias o directamente bajo control de las fuerzas represivas durante la última dictadura, iniciada tras el Golpe de Estado en Argentina de 1976.
Los delitos investigados
La causa incluye una serie de delitos contemplados en el Código Penal vigente al momento de los hechos:
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privación ilegítima de la libertad
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imposición de tormentos agravados
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abandono de persona
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coacción
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sustracción y ocultamiento de menores
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alteración del estado civil
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falsedad ideológica
La investigación es impulsada por el fiscal Dante Vega, titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos en la provincia, junto con los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar.
Quiénes fueron procesados
Entre los imputados se encuentran doce exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de Mendoza:
Omar Pedro Venturino Amaker, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Pablo José Gutiérrez Araya, Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.
También fueron procesados tres exintegrantes de la IV Brigada Aérea: Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso.
El juzgado dispuso prisión preventiva para Fernández Miranda, Venturino Amaker, Santamaría Blasón y Raganato Leo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal había solicitado esa medida para todos los acusados, por lo que anticipó que apelará la decisión.
Otros dos exagentes del Destacamento de Inteligencia 144 fueron apartados del proceso por incapacidad sobreviniente.
El origen de la causa
La investigación se inició en mayo de 2025, a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal que pidió imputar a los acusados por delitos cometidos contra menores durante operativos represivos.
Muchos de los imputados ya habían sido juzgados o condenados en otros procesos por delitos de lesa humanidad relacionados con secuestros, desapariciones o asesinatos de los padres de las actuales víctimas.
Cinco formas de violencia contra las infancias
La fiscalía identificó cinco patrones de violencia ejercidos contra niños y adolescentes durante los operativos represivos:
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Menores retenidos por fuerzas represivas tras el secuestro de sus padres o llevados a centros clandestinos de detención.
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Delitos cometidos durante operativos, en los que los chicos presenciaban secuestros violentos o quedaban temporalmente privados de libertad.
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Niños abandonados, dejados solos tras los secuestros de sus padres.
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Violencia directa contra menores, como amenazas con armas o interrogatorios para presionar a sus familias.
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Delitos contra la identidad, que incluyen apropiación o alteración del estado civil.
Entre los casos documentados aparecen episodios estremecedores: un bebé de siete meses abandonado en la casa de sus abuelos con signos de maltrato, un niño usado como “cebo” para capturar a su padre y menores amenazados con armas durante operativos.
El rol del centro clandestino D-2
La investigación señala como estructura clave al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), que funcionó como principal centro clandestino de detención de la provincia.
Según distintos juicios por delitos de lesa humanidad, más de 300 personas pasaron por ese lugar, donde se cometieron secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios.
El expediente también menciona la participación del Destacamento de Inteligencia N.º 144 del Ejército Argentino y de la IV Brigada Aérea en operativos represivos realizados en Mendoza y otras provincias de la región de Cuyo.
La causa forma parte de las investigaciones judiciales que continúan avanzando en Argentina para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, muchos de los cuales aún siguen en etapa de instrucción décadas después de los hechos.
