El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata denunció penalmente al presidente Javier Milei por presunta violación de los deberes de funcionario público, a raíz de declaraciones realizadas a un medio británico sobre la soberanía de las islas.
La presentación judicial fue realizada este miércoles 21 de enero ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12, a cargo del juez Julián Ercolini. La causa quedó registrada bajo el número 226/2026. Según el CECIM, el Presidente incurrió en una conducta incompatible con la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
El eje de la denuncia son dichos atribuidos a Milei en una entrevista publicada el 29 de diciembre de 2025 por el diario británico The Telegraph. Allí, el mandatario sostuvo que la recuperación del territorio “debería darse por negociación y cuando los isleños así lo deseen”, una afirmación que generó fuerte rechazo en sectores vinculados a la causa Malvinas.
Desde la entidad de ex combatientes recordaron que, previo a la denuncia, enviaron una carta documento al Presidente para que se rectificara. Ante la falta de respuesta, avanzaron con la acción penal. Consideran que las expresiones públicas “menoscaban la posición histórica de la Argentina” y contradicen la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
El comunicado señala que las declaraciones podrían encuadrar en el artículo 248 del Código Penal, que tipifica el delito de violación de los deberes de funcionario público. Además, solicitaron que la Justicia investigue si existieron otros delitos vinculados al accionar del jefe de Estado.
“El Presidente actúa en nombre y representación del Estado argentino y sus palabras generan efectos jurídicos”, advirtieron desde el CECIM. En ese sentido, remarcaron que toda postura oficial debe sostener, sin ambigüedades, el reclamo por la plena recuperación de las Islas Malvinas, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas y las declaraciones aprobadas por el Congreso.
La denuncia fue firmada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo; el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; y el abogado de la entidad, Jerónimo Guerrero Iraola. El caso ahora quedó en manos de la Justicia Federal.
