El Parlamento de Israel aprobó este martes la extensión de una norma que habilita al gobierno a clausurar emisoras extranjeras que operen en el país, incluso en tiempos de paz y sin intervención judicial. La votación salió por 22 votos a favor y 10 en contra.
La legislación amplía por dos años facultades temporales creadas durante la guerra en Gaza, que permiten suspender actividades de medios considerados una amenaza para la seguridad nacional. La norma había sido conocida como la “Ley Al Jazeera”, luego de que en mayo de 2024 el gobierno ordenara el cierre de las oficinas del canal qatarí y el bloqueo de sus transmisiones.
Israel acusó a Al Jazeera de parcialidad antiisraelí y de respaldar a Hamas en su cobertura. La cadena negó los cargos y calificó la medida como un “acto criminal” y un ataque directo a la libertad de prensa.
Organizaciones de derechos civiles también cuestionaron la decisión. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel advirtió que la norma vulnera la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo, al limitar el acceso a miradas que no coinciden con la narrativa oficial.
La aprobación de la extensión se produjo horas después de que el gabinete israelí avalara un plan para cerrar la Radio del Ejército, Galei Tzahal, una emisora estatal operada por las Fuerzas de Defensa de Israel pero con independencia editorial. El cierre está previsto para el 1 de marzo de 2026.
El ministro de Defensa, Israel Katz, sostuvo que la radio “ya no cumple su función” y que difunde contenidos políticos y divisivos que no representan los valores del ejército. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó como “inusual” que una emisora funcione bajo autoridad militar y comparó ese esquema con regímenes autoritarios.
La Unión de Periodistas anunció que recurrirá a la Corte Suprema para frenar la medida, al considerarla una grave violación a la libertad de prensa. En la misma línea, el Instituto Israelí de Democracia alertó que el cierre de la radio implicaría eliminar la mitad de las emisiones informativas independientes del sistema público.
“El debilitamiento de los medios públicos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante de deterioro democrático”, advirtió el organismo.
