Los fiscales Laura Mazzaferri y Marcelo Colombo presentaron un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Solicitaron que sea condenado a 14 años de prisión por trata de personas, reducción a la servidumbre, explotación laboral y ejercicio ilegal de la medicina.
Según evaluaron, la resolución fue arbitraria y contraria a la normativa nacional e internacional. Advirtieron que el fallo envía un mensaje peligroso para la sociedad, al presentar como acciones solidarias conductas que, según la acusación, constituyeron un circuito de explotación sostenido durante más de dos décadas.
Explotación bajo apariencia de ayuda espiritual
Tagliabué, referente de la iglesia El Shaddai, había sido acusado de captar jóvenes, incluso menores y personas con discapacidad, con el supuesto objetivo de ofrecerles acompañamiento espiritual y rehabilitación por consumo problemático.
De acuerdo a la fiscalía, los alojaba en su hogar y luego los obligaba a trabajar en sus comercios, en tareas vinculadas a la iglesia y en ventas ambulantes. También se quedaría con las pensiones por discapacidad, la AUH y otros beneficios sociales que percibían las víctimas.
Los investigadores afirmaron que el pastor aplicaba mecanismos de persuasión coercitiva aprovechando su rol religioso y la vulnerabilidad extrema de los jóvenes. Señalaron aislamiento social, retención de documentos, control de comunicaciones, manipulación emocional y amenazas.
Lo que dijo el Tribunal Oral
El juez Roberto Falcone absolvió al imputado el 10 de noviembre y aseguró que el hombre actuó como un benefactor social en un contexto donde el Estado no cubría necesidades básicas. Para los fiscales, esa visión desconoce pruebas documentales, escuchas telefónicas, peritajes y testimonios presentados durante el juicio.
El magistrado también rechazó la reparación integral a las nueve víctimas y el decomiso de bienes, y solo condenó a Tagliabué por maltrato animal y comercialización de fauna silvestre, una pena ya cumplida por el tiempo de prisión preventiva.
Críticas del Ministerio Público Fiscal
Mazzaferri y Colombo sostuvieron que el Tribunal ignoró pruebas centrales exhibidas en el debate, desacreditó testimonios de especialistas y aplicó una interpretación errónea de la Ley de Salud Mental, reduciéndola a un aspecto administrativo sin reconocer su función como resguardo frente a prácticas de servidumbre.
También cuestionaron lo que definieron como una interpretación romántica y ajena a la realidad del vínculo entre el pastor y los jóvenes. Según el recurso, la prueba demuestra un esquema de dominación vertical, basado en mecanismos típicos de la trata de personas.
Los fiscales remarcaron que la sentencia legitima acciones reñidas con la ley por parte de quienes dicen ayudar a sectores vulnerables, algo que consideraron de gravedad institucional.
Finalmente, solicitaron que se declaren ilegítimas algunas expresiones del fallo que, según plantearon, atacan la actuación del Ministerio Público Fiscal y afectan su rol institucional.
