La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un extenso documento que revela 1465 hechos de tortura y malos tratos en cárceles federales y 335 casos en el ámbito policial. La nueva ministra, Alejandra Monteoliva, deberá enfrentar un escenario crítico.
La administración de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad concluye en medio de un fuerte cuestionamiento institucional. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) difundió su Informe Anual 2024, un trabajo de 415 páginas que detalla un incremento de torturas y tratos degradantes tanto dentro del Sistema Penitenciario Federal (SPF) como en las fuerzas de seguridad nacionales.
Documento oficial: https://www.ppn.gov.ar
Según el organismo, solo durante 2024 se registraron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales y 646 víctimas de violencia penitenciaria, que permitieron reconstruir 1465 hechos dentro de las cárceles federales, que hoy alojan a 11.453 personas. Ambos sistemas dependen del Ministerio de Seguridad.
Violencia policial: 335 casos relevados
El informe detalla que, en el ámbito policial, se identificaron 271 víctimas mediante relevamientos de campo. De ellas, 54 surgieron de entrevistas individuales y 217 de observaciones sobre malas condiciones de alojamiento y alimentación en dependencias de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA.
En paralelo, la aplicación del Procedimiento de Investigación y Documentación de Casos de Tortura de la PPN permitió identificar 64 víctimas adicionales, lo que eleva a 335 los casos analizados.
Procedimiento oficial: https://www.ppn.gov.ar/institucional/procedimientos
Récord de hechos dentro de las cárceles federales
El deterioro dentro del Sistema Penitenciario Federal aparece como uno de los puntos más graves del informe. Los complejos que concentran la mayor cantidad de hechos son:
-
Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto): 271 hechos
-
Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo (Mendoza): 109 hechos
La PPN advierte que la violencia atraviesa todas las unidades: metropolitanas e interiores, de hombres y mujeres, nuevas y antiguas, de máxima seguridad y colonias penales. El mapa, señalan, demuestra que la tortura “es un fenómeno extendido en todo el archipiélago penitenciario federal”.
Entre las formas de violencia más frecuentes aparecen:
-
Malas condiciones materiales de detención: 427 casos
-
Agresiones físicas: 363 casos
-
Aislamiento: 146 casos
-
Deficiente atención médica: 145 casos
-
Falta de alimentación adecuada: 99 casos
El Reporte N.º 7: 201 víctimas solo en el primer semestre de 2025
La PPN también publicó en paralelo el Reporte N.º 7 “Revictimización”, con datos actualizados al primer semestre de 2025. Allí se registraron 201 víctimas de violencia institucional —policial o penitenciaria— entre el 1 de enero y el 30 de junio.
El organismo informó 117 expedientes, de los cuales 101 corresponden a casos individuales y 16 son colectivos. Además, 17 personas sufrieron torturas o malos tratos más de una vez durante el mismo período.
La provincia de Buenos Aires, el distrito más afectado
Al incorporar los datos provinciales, el número total asciende a 1198 víctimas que describieron 4745 hechos en todo el país.
En territorio bonaerense —la provincia con mayor población carcelaria— se identificaron 552 víctimas y 3280 hechos, principalmente en los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica.
A diferencia del ámbito federal, donde prevalecen las malas condiciones edilicias y las agresiones, en Buenos Aires las categorías más denunciadas son:
-
Deficiente asistencia de salud
-
Aislamiento prolongado
En cuanto a la Policía Bonaerense, el informe registra 137 casos de tortura y malos tratos.
Un problema estructural
La Procuración concluye que el décimo cuarto Informe Anual confirma que la tortura en el sistema penal argentino constituye “un elemento estructural, extendido y persistente”.
El diagnóstico encuentra otro punto de tensión en el cambio institucional aplicado por el Gobierno nacional. Históricamente, el SPF dependía del Ministerio de Justicia, pero desde la llegada de Javier Milei quedó bajo la órbita de Seguridad. Después, el decreto 373/2024 amplió aún más el control del ministerio sobre el personal de todas las fuerzas, incluidos los penitenciarios.
Decreto: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/303934
Ahora será Alejandra Monteoliva —mano derecha de Bullrich y recientemente designada— quien deberá administrar una herencia que incluye cifras récord de torturas, denuncias crecientes y un sistema penitenciario que, según el organismo de control, atraviesa una crisis estructural
