En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que expone uno de los aspectos más sensibles del terrorismo de Estado durante la última dictadura: la violencia sexual ejercida contra personas detenidas en centros clandestinos.
Según el relevamiento oficial, 61 de las 361 sentencias por delitos de lesa humanidad dictadas desde 2006 en la Argentina reconocieron agresiones sexuales como parte del plan represivo ilegal.
A partir de esos fallos, 174 personas fueron condenadas por este tipo de delitos, dentro de un universo total de 1.231 condenados por violaciones a los derechos humanos desde que se reanudaron los juicios.
Las sentencias establecieron que estas violencias tuvieron 230 mujeres y 40 varones como víctimas, lo que evidencia que los abusos sexuales formaron parte de las prácticas sistemáticas aplicadas en el marco del terrorismo de Estado.
El informe también señala que 45 acusados por delitos de violencia sexual fueron absueltos tras los procesos judiciales.
El primer antecedente en Mar del Plata
Aunque los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad comenzaron en 2006, la primera sentencia que incorporó delitos sexuales dentro de estas causas llegó cinco años después.
En 2011, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al suboficial de la Armada Rafael Molina, en un fallo que marcó un precedente en la visibilización de este tipo de crímenes dentro del sistema judicial.
Desde entonces, con excepción de ese mismo año, todos los años se registraron sentencias que reconocieron la violencia sexual como delito autónomo en el contexto del terrorismo de Estado.
Entre los períodos con mayor cantidad de fallos se destacan 2013, 2017, 2018 y 2022, con cinco sentencias cada uno, mientras que 2023 registró el pico anual con seis. En 2024 y 2012 se contabilizaron dos sentencias.
Un cambio en la política criminal
La Procuraduría recordó que en 2012 el Ministerio Público Fiscal incorporó formalmente la persecución de estos delitos mediante la Resolución PGN 557/2012.
A partir de esa decisión, se instruyó a fiscales de todo el país a investigar y acusar de manera autónoma los delitos de violencia sexual cometidos durante la dictadura, evitando que quedaran subsumidos en otras figuras penales como la aplicación de tormentos.
La medida marcó un cambio clave en la política criminal y permitió visibilizar un aspecto históricamente silenciado de la represión ilegal, que hoy forma parte de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
