Prestadores Unidos Mar del Plata difundió un duro comunicado en el que manifestó su preocupación por la realización de auditorías presenciales que, según denuncian, vulneran la privacidad de pacientes con discapacidad y afectan el normal desarrollo de los tratamientos.
La organización aseguró que distintos profesionales informaron que representantes de obras sociales y otros agentes financiadores se presentan en consultorios, centros terapéuticos y espacios de atención para solicitar información sobre pacientes, horarios de tratamiento y prestaciones en curso.
Desde la entidad aclararon que no cuestionan el derecho de las obras sociales a controlar las prestaciones autorizadas, sino las modalidades de auditoría que, a su entender, avanzan sobre derechos fundamentales de pacientes, familias y profesionales.
Sostienen que se vulneran derechos protegidos por la ley
En el comunicado, Prestadores Unidos Mar del Plata recordó que la legislación argentina protege la intimidad de las personas, la confidencialidad de la información sanitaria y el libre ejercicio profesional.
Entre las normas citadas figuran la Constitución Nacional, la Ley de Derechos del Paciente (26.529), la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), la Ley 24.901 sobre prestaciones para personas con discapacidad y el deber de secreto profesional que alcanza a los trabajadores de la salud.
Además, remarcaron que las auditorías ya cuentan con mecanismos formales de control, como prescripciones médicas, planes terapéuticos, documentación clínica y conformidades firmadas por padres o responsables legales.
En ese sentido, sostuvieron que los controles deben realizarse mediante procedimientos administrativos y documentales, evitando cualquier intervención que exponga datos sensibles o altere los espacios terapéuticos.
Intimación a obras sociales y prepagas
El comunicado también incluye una intimación dirigida a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás agentes financiadores para que cesen “toda modalidad de auditoría invasiva, irrazonable o contraria a los derechos constitucionales y legales vigentes”.
Asimismo, solicitaron el cese inmediato de cualquier procedimiento presencial o requerimiento que exceda las facultades legales de auditoría y control.
Prestadores Unidos Mar del Plata advirtió que, si estas prácticas continúan, impulsará denuncias y presentaciones administrativas ante la Superintendencia de Servicios de Salud y otros organismos competentes por una posible vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales prestadores.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, aunque enfatizó que “ninguna auditoría puede desarrollarse vulnerando la intimidad de los pacientes, las garantías constitucionales y el libre ejercicio profesional”.
