Prestadores y representantes del sector cuestionaron las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Advierten que la eliminación de valores universales del nomenclador, el traspaso de algunas prestaciones a las provincias y los cambios en las pensiones podrían generar desigualdades y afectar la continuidad de tratamientos.
Las modificaciones que el Gobierno nacional incorporó al Presupuesto 2027 encendieron la alarma entre prestadores y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al cambio en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que dejaría de establecer valores universales para todos los financiadores. Desde el sector advierten que esta modificación podría terminar fragmentando el sistema y generando diferencias en los valores reconocidos por las distintas obras sociales y prepagas.
Durante una entrevista en La Voz En Vivo, Carolina Armeloni, representante de la Cámara de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Córdoba, fue contundente al referirse al proyecto.
“El Gobierno en dos artículos en un presupuesto desmembra en mil pedazos una política pública que realmente puede cambiarle la vida a millones de personas con discapacidad”, afirmó.
El riesgo de romper un valor común
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es que deje de existir un valor uniforme para las prestaciones.
Según explicó Armeloni, el sistema actual permite establecer un parámetro común para los servicios destinados a personas con discapacidad. Con el nuevo esquema, los valores podrían quedar sujetos a las condiciones de cada financiador.
Desde el sector advierten que esto podría generar negociaciones desiguales entre prestadores y financiadores, especialmente cuando se trata de tratamientos que requieren continuidad y estructuras profesionales específicas.
La preocupación también alcanza a las familias. Si el valor reconocido por una cobertura no alcanza para sostener una prestación, el sistema podría generar mayores dificultades para garantizar la continuidad de los tratamientos.
Armeloni sostuvo que la discapacidad constituye un ámbito en el que las reglas del mercado no necesariamente garantizan una negociación equilibrada, debido al costo que pueden representar las prestaciones.
Transporte y prestaciones educativas, otro foco de preocupación
El proyecto también genera cuestionamientos por la posibilidad de transferir a las provincias responsabilidades vinculadas con prestaciones educativas y transporte.
Entre los servicios alcanzados se encuentran los vinculados con docentes de apoyo a la inclusión escolar.
Desde el sector advierten que el traspaso podría generar respuestas diferentes según la capacidad de cada provincia para afrontar esas obligaciones.
La preocupación se profundiza en localidades del interior, donde existen centros de rehabilitación y servicios especializados que dependen de un esquema de financiamiento nacional.
El transporte es otro punto sensible. Se trata de un servicio indispensable para muchas personas que deben trasladarse diariamente hasta centros terapéuticos, establecimientos educativos y espacios de rehabilitación.
Por eso, los prestadores advierten que una modificación del esquema de financiamiento podría poner en riesgo la continuidad de esos traslados.
Las pensiones y el trabajo registrado
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con las pensiones por invalidez y su compatibilidad con el empleo formal.
El proyecto vuelve a incorporar restricciones vinculadas con quienes reciben una pensión y, al mismo tiempo, tienen un trabajo registrado.
La discusión pasa por determinar hasta qué nivel de ingresos laborales una persona puede conservar el beneficio.
Durante la entrevista, Armeloni recordó que actualmente existe un límite de ingresos para mantener la pensión cuando el beneficiario tiene un empleo formal.
El sector considera que este acompañamiento resulta necesario porque los ingresos de una persona con discapacidad no necesariamente reflejan todos los gastos adicionales que puede afrontar para sostener su vida cotidiana, tratamientos y apoyos.
Una reforma que genera preocupación en el sector
Los representantes de prestadores cuestionan que modificaciones de este alcance puedan alterar un sistema que, según sostienen, se construyó durante décadas a partir de una política nacional de cobertura.
La principal preocupación está puesta en que la eliminación de mecanismos comunes de financiamiento termine generando diferencias según la obra social, la provincia o el lugar donde viva cada persona.
Para el sector, el debate no se limita a una cuestión administrativa o presupuestaria. El punto central es cómo garantizar que una persona con discapacidad pueda mantener sus tratamientos, trasladarse y acceder a los apoyos que necesita independientemente de su lugar de residencia o de la cobertura que tenga.
