La referente de Prestadores Unidos Mar del Plata, Jesica Machado, cuestionó el incremento del 29 al 35 por ciento anunciado por el Gobierno nacional para el nomenclador que regula los montos abonados a los prestadores que atienden a personas con discapacidad
En diálogo con Franco Canales en Radio 10 Mar del Plata, sostuvo que el aumento “no alcanza, no respeta la ley y llega tarde”.
“Existe una ley de emergencia en discapacidad que está promulgada pero frenada en su aplicación, y que establece montos de incremento superiores a los que anunció el Gobierno”, explicó Machado. “Si una ley determina cuál es el mínimo necesario para subsanar la emergencia, y el Ejecutivo otorga menos que eso, lo primero que se está haciendo es incumplir la ley”, agregó.
Desde el sector remarcan que el último aumento fue en diciembre de 2024, por lo que este ajuste llega tras un año sin actualizaciones. Además, Machado señaló que el incremento es escalonado y se dividirá en tres meses, por lo que el impacto real en los ingresos se sentirá recién entre marzo y abril de 2026.
“No corresponde, porque la ley de emergencia habla de un incremento unificado y de aplicación inmediata. Además, el aumento es inferior a lo que establece la norma. Entonces nos preguntamos: ¿puede un directorio tener más autoridad que una ley?”, planteó.
Respecto al argumento oficial de que el aumento busca dar “estabilidad” al sistema entre prestadores, obras sociales y el Estado, Machado fue tajante: “El Gobierno dice algo totalmente disociado de la realidad. El directorio que toma las decisiones no tiene representación de los prestadores independientes. Está compuesto por organismos como la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI e Incluir Salud, pero no por quienes trabajamos día a día en el campo”.
Desde Prestadores Unidos calificaron la medida como “una burla después de tanto tiempo de espera”, especialmente en un contexto donde muchos centros e instituciones debieron cerrar por no poder afrontar sus obligaciones salariales y operativas.
Finalmente, Machado explicó que de haberse aplicado la ley de emergencia en discapacidad, el incremento debería haber sido de entre un 60 y un 70 por ciento, retroactivo y de aplicación inmediata: “La ley planteaba retrotraer los valores al 2023 y actualizarlos con la inflación. Eso hubiera representado un aumento real, no escalonado, y efectivo a partir del momento de su implementación”
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