Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos Mar del Plata, explicó en diálogo con Franco Canales por Radio 10 Mar del Plata el alcance del fallo emitido por la Justicia Federal de Catamarca, que ordena la restitución inmediata de todas las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas sin justificación.
La resolución determina que, en un plazo máximo de 24 horas, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debe restablecer todas las prestaciones quitadas a partir de auditorías calificadas como “fraudulentas” por el juez interviniente. Este nuevo pronunciamiento se suma a otros dos fallos previos, pero a diferencia de ellos, tiene aplicación general en todo el territorio nacional, independientemente del origen de cada pensión.
“El juez amplió los amparos anteriores y dispuso que la restitución alcance a todas las personas del país que fueron víctimas de estas quitas injustificadas”, detalló Machado. Además, el fallo ordena que se abone el retroactivo correspondiente a los meses no pagados durante la suspensión.
Consultada sobre si este alcance incluye a Mar del Plata, la referente fue contundente: “Sí, aplica a todo el país. El fallo generaliza y protege a todas las personas cuyos derechos fueron vulnerados”.
Machado remarcó que la Justicia no rechaza la realización de auditorías en sí, sino la manera en que fueron implementadas. “El fallo no dice que no se puedan hacer auditorías; lo que dice es que las que se hicieron fueron ilegales, incorrectas y sin notificar a las personas afectadas”, explicó.
El juez ordenó que, si se realizan nuevos controles, deben hacerse de forma legal, informada y administrativamente correcta, garantizando el derecho a defensa y comunicación previa de cada beneficiario.
En cuanto a la posibilidad de que la ANDIS apele o no cumpla la orden, Machado señaló: “Apuntamos a que cuando se hace justicia, la justicia se cumpla. Pero tenemos muestras de que este gobierno ha tenido resistencia a acatar decisiones judiciales, como en la ley de emergencia en discapacidad”.
La preocupación radica en que miles de personas dependen exclusivamente de esta pensión, que actualmente no supera los 300.000 pesos. “Es el único ingreso para muchísimas familias, por eso es fundamental que el fallo se cumpla de inmediato”, subrayó.
