El Gobierno nacional anunció que llevará adelante inspecciones en establecimientos educativos de todo el país durante el paro docente convocado para el lunes 3 de agosto. El objetivo será verificar si se cumple con el funcionamiento mínimo del 75% de las clases, tal como sostiene que establece la Ley 27.802 sobre servicios esenciales.
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que las inspecciones serán aleatorias y estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, advirtieron que, en caso de detectar incumplimientos, se pondrán en marcha los mecanismos previstos para aplicar las sanciones correspondientes a las organizaciones sindicales.
La medida oficial se da en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que mantiene un conflicto con el Gobierno por la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y por reclamos salariales.
Los reclamos de los docentes
Entre las principales demandas, CTERA exige la reapertura de la negociación paritaria, una actualización de los salarios, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de una nueva ley de financiamiento educativo.
El gremio también reclama mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos. Asimismo, expresó su rechazo a una eventual reforma del sistema jubilatorio y a iniciativas vinculadas con la denominada “Ley de Libertad Educativa”.
La postura de los gremios de la CGT
Por su parte, los sindicatos docentes que integran la Confederación General del Trabajo optaron por un plan de protesta sin paro. Entre las medidas anunciadas figuran clases informativas, trabajo a reglamento y una movilización que será definida junto con las autoridades nacionales. Además, convocaron a una conferencia de prensa para el lunes por la tarde.
La discusión por la ley de servicios esenciales
El Gobierno fundamentó su decisión en el artículo 101 de la Ley 27.802, que considera a la educación como un servicio esencial y establece la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
Sin embargo, esa disposición se encuentra bajo discusión judicial. Una medida cautelar suspendió de manera provisoria la aplicación de ese artículo mientras se analiza una demanda, aunque el Ejecutivo sostiene que la cuestión aún no tiene una resolución definitiva.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que, si bien la administración de las escuelas corresponde a las provincias, el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y aseguró que los controles buscan preservar la continuidad de las clases y brindar previsibilidad a las familias.
