Nueve detenidos, más de 30 vehículos secuestrados y una estructura financiera clandestina que operaba desde un corralón del corredor Canning–San Vicente. El DFI de la PFA desarticuló la organización tras meses de investigación.
Una investigación del Ministerio de Seguridad Nacional terminó destapando una trama de empresas ficticias, movimientos sospechosos de dinero y maniobras para evitar impuestos. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal actuó bajo directivas de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cecilia Icardona.
El caso empezó en agosto, luego de que ARCA denunciara en 2023 a un reconocido corralón de materiales por evasión tributaria y posibles operaciones de lavado. Desde allí se habría desplegado una red de sociedades creadas a nombre de personas sin capacidad económica, utilizadas para simular ventas y esconder ingresos reales.
Los investigadores detectaron un crecimiento patrimonial llamativo, diferencias abismales entre precios declarados y reales en la venta de lotes dentro de un barrio cerrado y una estación de servicio manejada por los sospechosos, aunque inscripta a nombre de terceros.
Según el DFI, las firmas fantasma recibían depósitos en efectivo, realizaban transferencias cruzadas y se retroalimentaban para aparentar actividad comercial. Todo con el fin de disimular el origen del dinero e introducirlo al sistema financiero con apariencia legal.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Armella, ordenó 32 allanamientos en Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Los operativos terminaron con la detención de nueve integrantes del grupo, todos mayores de edad.
Durante los procedimientos se clausuraron establecimientos vinculados al rubro de la construcción y se incautó una flota de 24 camiones, cinco autos, documentación clave, dispositivos electrónicos y una suma impactante de dinero: 456 mil dólares, 200 euros y 138 mil pesos.
