El presidente Javier Milei firmó el decreto 424/2025 que rechaza en su totalidad la ley sancionada que declaraba la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales. La norma, que contemplaba un fondo especial de $200.000 millones, beneficios impositivos, créditos blandos y la suspensión de ejecuciones judiciales, fue vetada porque, según el Gobierno, las medidas ya se encuentran en marcha.
Desde el Ejecutivo nacional explicaron que “las acciones ya están implementadas y alcanzan a más de 32 mil damnificados”. En concreto, se recordó que estas asistencias se canalizan a través del decreto 238/25, que creó el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, una prestación monetaria única para vecinos afectados que sufrieron daños en sus viviendas.
El Gobierno detalló que de las 37.546 personas que se inscribieron para recibir esta ayuda, 32.076 ya cobraron el subsidio, mientras que otros 3.962 casos aún están en revisión, con un porcentaje de aprobación del 85,43%. Además, señalaron que solo el 4% de los solicitantes fue rechazado. Para facilitar el proceso, se implementó un registro público de beneficiarios y un call center de atención.
En cuanto a la financiación, el Ejecutivo sostuvo que el Banco Nación ya está autorizado para otorgar líneas de crédito sin necesidad de una ley específica, y que parte de la asistencia se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De esta manera, el Gobierno nacional considera que la ley 27.790 aprobada por el Congreso, que duplicaba medidas ya vigentes y no contaba con la previsión presupuestaria necesaria, no resulta necesaria ni oportuna.
