El Gobierno nacional oficializó una nueva ampliación presupuestaria para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en medio de la falta de aprobación de un nuevo presupuesto por parte del Congreso. A través de la Decisión Administrativa 10/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se reasignaron $25.250 millones al organismo, de los cuales $8.017 millones serán destinados a gastos reservados, es decir, sin obligación de rendir cuentas ni control parlamentario.
La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se encuadra en el contexto de prórroga del presupuesto 2023, que el presidente Javier Milei decidió mantener sin someter a discusión legislativa.
Del monto total reasignado, poco más de $19.000 millones corresponden a gastos corrientes —entre ellos, mantenimiento, alquileres y servicios—, mientras que el resto se destina a gastos de capital. La partida para gastos reservados representa cerca del 32% del total, una proporción que genera preocupación por la falta de transparencia en el uso de estos recursos.
La SIDE es conducida formalmente por Sergio Neifert, pero tiene una fuerte influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, figura clave en el esquema de poder de Milei. Caputo, apodado en los pasillos oficiales como “el estratega en las sombras”, mantiene incidencia directa en áreas diversas como Salud, Justicia, YPF y la agencia recaudadora Arca.
No es la primera vez que Milei incrementa los fondos para la SIDE desde su asunción. En marzo, ya había ampliado el presupuesto en $7.300 millones, incluyendo $1.650 millones en gastos reservados. En paralelo, se recuerda que en 2024 el presidente firmó un DNU que otorgaba $100.000 millones a la central de inteligencia, pero ese decreto fue rechazado por el Congreso en una decisión sin precedentes.
El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió que este tipo de ampliaciones se aprueban directamente desde el Poder Ejecutivo y que “sobre los gastos reservados no hay que rendir cuentas y se usan libremente”. La crítica pone el foco sobre el manejo discrecional de fondos en un área históricamente opaca, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y recortes a áreas sensibles como educación, salud y cultura.
