En el marco de un operativo contra la ciberdelincuencia impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina desbarató una organización criminal dedicada a estafas informáticas y maniobras de lavado de activos que afectaron gravemente a empresas y entidades financieras, principalmente vinculadas al sector agropecuario.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA y permitió detectar un esquema delictivo de alta complejidad que habría generado un perjuicio económico superior a los 1,8 billones de pesos.
La causa se inició en octubre de este año a partir de una intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen, bajo la órbita del fiscal Néstor Mastorchio. Ante la magnitud de las maniobras, se convocó al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado para profundizar la pesquisa.
Según se pudo establecer, la banda utilizaba documentación falsa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado. A través de esas cuentas, accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de manera casi inmediata a plataformas vinculadas a empresas de criptoactivos.
El dinero luego era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se enviaba a billeteras digitales de origen desconocido. Para darle apariencia de legalidad a estas operaciones, los implicados recurrían a terceras personas que simulaban realizar tareas de arbitraje con criptomonedas.
Con el avance de la investigación, los detectives comprobaron que esos supuestos arbitrajistas no contaban con respaldo legal alguno. Ninguno de ellos estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, requisito obligatorio según la normativa vigente, lo que reforzó la hipótesis de un esquema diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las órdenes judiciales de presentación libradas a distintas sucursales bancarias permitieron identificar a las empresas damnificadas, todas ligadas al sector agropecuario. También se confirmó que, mediante numerosas transferencias, la organización logró sustraer un monto cercano a los 1,8 billones de pesos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Pergamino, a cargo del juez César Alejandro Solazzi, con la secretaría de María Alicia Clerc, ordenó ocho allanamientos simultáneos. Dos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Fe.
Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres y otras dos personas quedaron notificadas de la causa. Además, se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo en pesos, dólares y otras monedas, junto con teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, tarjetas bancarias y documentación considerada clave para la investigación.
Los operativos se desarrollaron en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía y Colón, además de Rosario y General López, en Santa Fe. Participaron efectivos de la DUOF Pergamino, personal de la Policía de Santa Fe y de la Comisaría 4ª de Firmat.
En uno de los allanamientos no se logró ubicar a uno de los sospechosos, pero tareas posteriores de inteligencia permitieron localizarlo en otro domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Con autorización judicial, se montó un operativo discreto que culminó con su detención en la vía pública, en la intersección de avenida Belgrano y Castro Barros.
Los detenidos y los imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de asociación ilícita, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance total de las maniobras investigadas.
