La Justicia detectó una nueva inversión de Manuel Adorni: según las averiguaciones, el jefe de Gabinete destinó 14 millones de pesos a renovar los muebles de su semipiso en el barrio porteño de Caballito, donde vive con su familia. La información surge tras la declaración de Matías Tabar, contratista que había trabajado previamente en la refacción de la casa de Indio Cuá.
Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario y socio de Pablo Martín Feijoo, gestor de la compraventa del semipiso en la firma TSJ Group, declaró este miércoles en Comodoro Py. Confirmó la deuda de Adorni por 65.000 dólares invertidos junto a Feijoo para modernizar el departamento antes de que las jubiladas se lo vendieran por 230.000 dólares. Según Miano, la coordinación de la obra estuvo a cargo de Feijoo, mientras que el jefe de Gabinete acordó devolver esos 65.000 dólares sin plazo ni interés y sin documentación formal.
El contratista Matías Tabar, bajo juramento, confirmó que recibió 245.000 dólares por trabajos de refacción en la casa del country de Adorni y Angeletti, y luego coordinó una segunda obra en Caballito, centrada en carpintería. Entre los pedidos se incluyen una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa de comedor diario, una consola y un espejo. Según Tabar, los pagos se habrían realizado entre enero y febrero de este año, en efectivo y sin factura. El juez Ariel Lijo ordenó peritar el celular del contratista para verificar las transacciones y comunicaciones con proveedores.
Estas erogaciones se suman a los 365.000 dólares que Adorni y su esposa gastaron en propiedades en los últimos dos años y medio. En paralelo, el matrimonio mantiene deudas por más de 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento en noviembre.
La investigación busca determinar si Adorni y Angeletti pueden justificar estos gastos. Las declaraciones juradas de 2025 todavía no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo vence el 31 de julio. Además, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del matrimonio ante ARBA para avanzar en la fiscalización de sus movimientos económicos.
