El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata comenzó este lunes el juicio contra tres civiles acusados de integrar la Concentración Nacional Universitaria y cometer secuestros, torturas y homicidios en 1975 y 1976. El proceso aborda 13 víctimas, nueve de ellas asesinadas, en hechos ocurridos en los meses previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los imputados son Carlos “El Indio” Castillo, de 73 años; Antonio “Tony” Jesús, de 74; y Juan José “Pipi” Pomares, de 71. Castillo ya cumple una condena a prisión perpetua por un tramo anterior de la causa y enfrenta otro debate oral por hechos del mismo período. Pomares había sido absuelto en un juicio previo, aunque esa resolución fue revocada por la Cámara Federal de Casación y deberá dictarse un nuevo fallo. Jesús, por su parte, llega a este juicio acusado por distintos hechos vinculados al accionar del grupo.
Castillo y Pomares siguieron la audiencia por Zoom desde la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo. Jesús lo hizo desde su domicilio. El tribunal está integrado por los jueces subrogantes Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María Gabriela López Iñíguez.
El eje de la acusación
La fiscalía sostuvo que la CNU actuó con el objetivo de eliminar a opositores políticos y que sus ataques tenían un sello característico: las víctimas eran acribilladas con una gran cantidad de disparos. Según el requerimiento de elevación a juicio, ese ensañamiento buscaba sembrar terror, dejar una “firma” y demostrar capacidad operativa.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación ya había ratificado en una sentencia anterior que la CNU actuó con la aquiescencia del Estado y formó parte del plan represivo desplegado desde las más altas esferas del gobierno de entonces. En esta nueva etapa, la acusación sostiene que los hechos pueden encuadrarse como genocidio y crímenes de lesa humanidad, aunque de manera alternativa fueron calificados como crímenes contra la humanidad en el marco del derecho interno.
Las víctimas
El juicio analiza una serie de secuestros y asesinatos ocurridos entre diciembre de 1975 y abril de 1976 en La Plata, Berisso, Ringuelet y zonas aledañas.
Entre los casos figura el de Jorge Rosendo Ruda, trabajador del Registro de las Personas y militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 8 de diciembre de 1975 y asesinado en las inmediaciones de Arana. También el de Ricardo Arturo Rave, secuestrado en la madrugada de Navidad de 1975 y hallado sin vida al día siguiente.
Se suman los homicidios de Alcides Emilio Méndez Paz y Daniel Rayson Midon, trabajadores industriales cuyos cuerpos aparecieron baleados en Coronel Brandsen en febrero de 1976.
Uno de los episodios más cruentos fue el ataque a la familia Martini, en abril de 1976. Graciela Martini y su pareja Néstor Dinotto fueron torturados y asesinados; otros integrantes del grupo familiar también fueron privados de la libertad y sometidos a violencia. Días después, en otro operativo, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera fueron secuestrados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron en el arroyo Santo Domingo, en Sarandí.
Antecedentes
La acusación recordó que en 1980 los tres imputados fueron condenados por integrar una asociación ilícita vinculada a estos hechos, en causas que incluyeron robos de bienes a víctimas de secuestros y homicidios.
El debate continuará el 4 de marzo. Se espera la declaración de testigos y familiares de las víctimas en un proceso que vuelve a poner en foco el accionar de grupos parapoliciales en la antesala y los primeros días de la última dictadura militar en la Argentina.
