La central sindical presentó un amparo para frenar parte de la nueva ley laboral. El Ejecutivo sostiene que la norma es válida y anticipa que el conflicto podría terminar en la Corte Suprema.
El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia jurídica para defender la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentara un amparo en la Justicia para intentar frenar algunos de sus puntos centrales.
La presentación sindical se realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
Según argumentó la CGT, la medida no habría cumplido con los requisitos constitucionales y podría generar un fuerte impacto en el funcionamiento de los tribunales laborales, además de incertidumbre para empleados y funcionarios judiciales.
Ante este escenario, en la Casa Rosada dan por hecho que la judicialización será inevitable. Por eso, el nuevo Ministerio de Justicia, ahora encabezado por Juan Bautista Mahiques, tendrá un rol central en la defensa de la reforma.
Fuentes oficiales señalaron que la estrategia legal quedará principalmente en manos de esa cartera, aunque habrá coordinación con otros organismos del Estado. Entre ellos aparece la Procuración del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado y que recientemente quedó bajo la conducción de Sebastián Amerio.
La planificación de la defensa había comenzado semanas antes del recambio de autoridades. En ese esquema también participaban la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, encabezada por María Ibarzabal Murphy, y el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.
Dentro del Gobierno consideran que varios artículos de la reforma serán cuestionados judicialmente. Entre los puntos más sensibles aparecen la prioridad de los convenios laborales por empresa sobre los convenios nacionales, los cambios en la vigencia de los convenios colectivos y la modificación en el cálculo de las indemnizaciones.
Otro foco de conflicto es el traslado de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una discusión institucional que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994 y que vuelve a reactivarse con esta nueva legislación.
La CGT ya adelantó que presentará más medidas cautelares en distintos tribunales, mientras que también sumará reclamos en el fuero laboral.
A la disputa se sumaron cuestionamientos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mientras que desde el gobierno porteño manifestaron su intención de que el eventual traspaso de competencias se realice de manera ordenada.
En el entorno de Milei, sin embargo, confían en que la reforma resistirá los planteos judiciales. Incluso señalan que existen antecedentes de la Corte Suprema que avalaron reorganizaciones del fuero laboral.
