La Confederación General del Trabajo sumó una pieza clave en la previa del debate por la reforma laboral y dejó el escenario listo para una nueva huelga nacional contra el gobierno de Javier Milei. La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará la medida si el Consejo Directivo la aprueba este lunes desde las 11.
Con el respaldo del gremio que nuclea a los colectiveros, el eventual paro tendría un impacto directo en el transporte público y en la actividad económica. La decisión final la tomará la conducción de la Confederación General del Trabajo, pero en la central obrera admiten que el consenso interno es amplio y que están dadas las condiciones para avanzar.
El dato no es menor. En la última huelga general, el 10 de abril, la UTA no se había plegado por estar bajo conciliación obligatoria. Esta vez el escenario cambió. El sindicato que lidera Roberto Fernández anticipó que acompañará lo que defina la CGT, lo que garantiza colectivos paralizados si se concreta la medida.
Transporte y presión sindical
El respaldo de los choferes se suma al posicionamiento de otros gremios del transporte, como La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que incluso plantean un plan de lucha escalonado si el proyecto avanza sin cambios en Diputados.
La tensión escaló tras la aprobación en el Senado y, sobre todo, por la modificación del régimen de licencias médicas. El artículo 44 establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, el trabajador percibirá el 50% del salario, o el 75% si no hubo acción voluntaria ni conocimiento previo del riesgo. Hasta ahora el pago era del 100%.
Para el oficialismo, la modificación apunta a reducir el ausentismo injustificado y la litigiosidad. Para la CGT, implica un retroceso en derechos adquiridos y vulnera principios constitucionales como el de progresividad.
Debate político y posible judicialización
En la central obrera advierten que la reforma podría terminar judicializada. Sostienen que la iniciativa es regresiva y contraria a la Constitución y a tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Desde el Gobierno, en tanto, la ministra Patricia Bullrich defendió el cambio al señalar que existe una “mafia de certificados truchos” y que es necesario ordenar el sistema. En paralelo, se analiza una eventual corrección vía reglamentación para evitar que el proyecto vuelva al Senado.
Mientras tanto, sectores sindicales más duros ya anunciaron movilización al Congreso el día en que la Cámara de Diputados trate la iniciativa. Si el Consejo Directivo de la CGT confirma el paro, la Argentina volverá a un escenario de huelga general con fuerte impacto en el transporte y en la actividad económica, en un momento político que suma tensión semana tras semana.
