Un decreto firmado por el presidente Javier Milei establece que, a partir de enero de 2026, los incrementos salariales acumulados del personal de la Administración Pública Nacional se apliquen también a ministros, secretarios y subsecretarios, además de otras autoridades superiores del Estado.
La norma no fija un porcentaje específico. Lo que hace es extender a los cargos políticos las subas ya acordadas y homologadas en paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, correspondientes a distintos tramos de 2024 y 2025.
El artículo 2° del decreto es claro: los aumentos alcanzan a los funcionarios comprendidos en el Decreto 838/94, es decir, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, así como a autoridades superiores y funcionarios con jerarquía equivalente.
En los hechos, la medida traslada el aumento acumulado del empleo público a la cúpula del Gobierno, en un contexto marcado por el ajuste, la reducción del gasto estatal y el congelamiento de partidas sensibles.
La decisión generó fuertes críticas desde sectores sindicales y políticos, que remarcan la contradicción con el discurso oficial contra “la casta”. Mientras se sostienen recortes y pérdida del poder adquisitivo en amplios sectores, los salarios del gabinete quedan automáticamente atados a las paritarias estatales.
Hasta el momento, no se difundieron cifras oficiales sobre el impacto final del aumento en cada cargo, ya que dependerá del total de incrementos acumulados en las actas paritarias vigentes.
