En diálogo con el móvil de Radio 10 Mar del Plata, la referente de Prestadores Unidos MDP, Jésica Machado, confirmó que el Gobierno nacional notificó su decisión de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Senado rechazara el veto presidencial.
“En teoría hoy debería empezar a implementarse la ley, que tiene un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, el Gobierno nos notificó que prepara un escrito para llevar la medida a la Justicia, porque dicen que afecta el presupuesto y desestabilizaría la economía”, explicó Machado.
La dirigente señaló que la decisión genera “tristeza y angustia”, ya que la norma “no crea nuevos derechos, sino que busca defender los ya adquiridos”. En ese sentido, remarcó que detrás de cada día de demora hay personas con discapacidad que pierden prestaciones, centros que cierran y profesionales en riesgo de perder su matrícula.
Machado también denunció maniobras de presión: “En Mar del Plata, mientras se desarrollaba la marcha de Andís, varios centros recibieron mensajes de que tendrían auditorías ese mismo día y que podían perder su registro si no estaban presentes”.
Por otro lado, cuestionó los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, quien había mencionado la posibilidad de destinar fondos de las pensiones dadas de baja. “Rechazamos completamente esa propuesta. Sabemos que más de 80.000 bajas fueron producto de auditorías irregulares. Además, hablar de 280.000 pesos de pensión como ingreso único es condenar a las personas a la indigencia, porque si trabajás no podés cobrarla”, afirmó.
Finalmente, la referente advirtió que el sector analiza junto a abogados qué sucederá en caso de que la judicialización retrase la aplicación de la ley: “Mientras tanto, se siguen vulnerando derechos adquiridos de miles de personas con discapacidad y sus familias”.
Por Franco Canales para Radio 10 Mar del Plata.
