Javier Milei elimina el INADI: un retroceso en los derechos humanos

El gobierno de Javier Milei, con el apoyo de Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, ha decidido poner fin a una de las instituciones más emblemáticas en la lucha contra la discriminación en Argentina. El decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial, marca la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), tras 27 años de actividad.

La medida ha generado un intenso debate en la sociedad. La justificación oficial apunta a un “dispendio, descontrol e hipocresía” heredado de las gestiones anteriores, particularmente las asociadas al kirchnerismo. Según el decreto, el INADI se había convertido en un organismo ineficiente, plagado de irregularidades administrativas, con un sobredimensionamiento de su estructura y una gestión deficiente de los recursos públicos.

Entre los puntos más destacados del decreto, se menciona que el INADI contaba con 431 empleados distribuidos en 44 sedes a nivel nacional. Solo en marzo de 2024, el pago de salarios ascendió a más de 315 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2.347 jubilaciones mínimas. Además, se detectaron más de 7.788 expedientes administrativos sin resolver desde 2016 y campañas de sensibilización sin la debida documentación de respaldo.

Las críticas no se hicieron esperar. Organizaciones de derechos humanos y líderes de la oposición han manifestado su preocupación por el cierre del INADI, argumentando que este organismo, a pesar de sus deficiencias, jugaba un papel crucial en la protección de los derechos de las minorías y en la promoción de una sociedad más inclusiva.

Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que la lucha contra la discriminación continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que asumirá las funciones y recursos del disuelto instituto. Esta reestructuración, afirman, forma parte de una serie de medidas destinadas a mejorar la eficiencia del Estado y a garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Federico Sturzenegger, uno de los principales defensores del decreto, twiteó: “Vale la pena leer los fundamentos del decreto para tomar dimensión del dispendio, descontrol e hipocresía en la que los K habían sumido al Estado argentino”.

El futuro de los empleados del INADI aún es incierto. El decreto establece que aquellos con régimen de estabilidad laboral serán reubicados conforme a lo dispuesto por la Ley 25.164, pero no se detallan los pasos específicos a seguir para su reasignación.