La concejal presentó un proyecto declarando la emergencia social tarifaria en el Partido de General Pueyrredon. Instruyen al defensor del pueblo por ordenanza para que encare todas las medidas administrativas y judiciales que resulten pertinentes a efectos de poner freno a los aumentos y, mediante resolución, reclaman la intervención de los organismos de control y piden al Ministerio de Economía que retrotraiga la situación a efectos de garantizar, en estos servicios públicos de primera necesidad, costos viables y sostenibles para la actividad comercial, industrial y la economía familiar.

“El desequilibrio que representan los valores que están llegando en las tarifas, desproporcionados respecto de las posibilidades reales de los salarios, las jubilaciones o los ingresos de las pymes, es un desequilibrio que está precedido de otro mayor: estas tarifas resultan de una mirada sesgada, insensible y antiproductiva” remarcó Ayala
En su artículo primero, el proyecto de ordenanza presentado establece “Declárese la emergencia social tarifaria en el Partido de General Pueyrredon en virtud de la inviabilidad comercial, industrial y de la economía familiar que implican los aumentos en los costos de los servicios de energía eléctrica y de gas de acuerdo al nuevo cuadro tarifario fijado por el gobierno nacional” Mientras que en su articulo segundo encomienda al Defensor del Pueblo tomar todas las medidas de carácter administrativo y judicial a efectos de representar el interés de los marplatenses y batanenses.
Ayala subrayó que “el Defensor del Pueblo tiene la legitimidad procesal que le otorga la ordenanza de su creación para presentarse en todos los ámbitos que correspondan, administrativos o judiciales, para defender el interés de los usuarios, lo que hoy significa acompañarlos, asesorarlos y vehiculizar todos los reclamos necesarios”
En otro orden, mediante una resolución los concejales expresan su rechazo al nuevo cuadro tarifario establecido por el gobierno nacional, al tiempo que impulsan que los organismos de control y el Ministerio de Economía tomen decisiones reparadoras al respecto.
















