El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) emitieron un comunicado en el que denuncian “frontalmente” el riesgo de afectación al derecho de defensa y a la participación política de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, ante la posible filtración de una sentencia condenatoria en el marco de la denominada Causa Vialidad.
“Nos preocupa profundamente que se consume una sentencia viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, en un proceso claramente signado por la persecución política desde su inicio”, señala el documento firmado por decenas de referentes políticos y jurídicos de América Latina y Europa, entre ellos los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y Alberto Fernández (Argentina).
Críticas a la causa y advertencia por daño institucional
El pronunciamiento cuestiona el desarrollo del proceso judicial, promovido durante el gobierno de Mauricio Macri, al que califican como “una persecución política contra una persona inocente”, con “ausencia total de pruebas directas o indiciarias” y violaciones al principio de ne bis in ídem (prohibición de juzgar dos veces el mismo hecho). También apuntan contra los peritajes que califican como “forzados” y señalan vínculos entre jueces y el propio ex mandatario.
Además, alertan sobre el uso de teorías jurídicas como la de la imputación objetiva, que permitirían responsabilizar a Fernández de Kirchner por decisiones tomadas por subordinados. “Esto supone una peligrosa deriva hacia un derecho penal de autor que puede producir un daño irreparable a la persona afectada y al sistema democrático argentino”, advirtieron.
Llamado de atención a la Corte Suprema y a la comunidad internacional
El comunicado también contiene un llamado explícito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remarcando que “ningún tribunal puede guiarse por criterios políticos o ideológicos”. De hacerlo, sostienen, se violaría la separación de poderes y se restringiría el derecho a ser elegido, afectando de forma directa la posibilidad de que CFK se postule en las próximas elecciones.
“Buscan expulsar a Cristina de la política porque temen que ratifique su liderazgo en las urnas. De confirmarse esta sentencia, no solo se condena a una persona sino al peronismo y a la democracia argentina”, afirman los firmantes.
Desde CLAJUD y el Grupo de Puebla solicitaron a la comunidad internacional un seguimiento detallado de la situación judicial, denunciando una “sospechosa conexión entre sectores del Poder Judicial y corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de justicia social”.
Firmantes del comunicado:
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José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España.
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Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.
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Alberto Fernández, ex presidente de Argentina.
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Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia.
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Baltasar Garzón, jurista – España.
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Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla – Chile.
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Carol Proner, jurista – Brasil.
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Eduardo Valdés, diputado nacional – Argentina.
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Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana – España.
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Andrés Arauz, ex ministro y ex candidato presidencial – Ecuador.
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Clara López, senadora – Colombia.
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Irene Montero, ex ministra de Igualdad y diputada del Parlamento Europeo – España.
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Esperanza Martínez, senadora nacional – Paraguay.
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Guillaume Long, ex canciller – Ecuador.
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Ricardo Patiño, ex canciller – Ecuador.
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Carlos Ominami, ex ministro de Economía – Chile.
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Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa – Chile.
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Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur – Argentina.
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Aída García Naranjo, ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social – Perú.
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Harold Correa, abogado y consultor – Chile.
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Enrique Santiago, político y abogado – España.
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Juárez Tavares, abogado – Brasil.
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Elizabeth Gómez Alcorta, abogada – Argentina.
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Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – Argentina.
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Emilio Camacho, jurista – Paraguay.
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Virgilio Hernández, abogado y político – Ecuador.
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Damián Loreti, abogado – Argentina.
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Gisel Ricobom, abogada – Brasil.
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Charlott Back, abogada – Brasil.
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Lina Mejía, abogada – Colombia.
