La ciudad podría perder un beneficio clave que permite reducir hasta un 50% el costo del servicio. Estudian dar de baja la ampliación del Régimen de Zona Fría mediante decreto.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, analiza avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría, una política pública que beneficia actualmente a más de 3 millones de usuarios en todo el país, incluyendo a miles de familias de Mar del Plata y la región.
La medida —que fue aprobada por el Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021 mediante la Ley 27.637— permitió incorporar al régimen de subsidios a zonas de bajas temperaturas a amplias regiones del país, entre ellas el sudeste bonaerense, donde se ubica la ciudad de Mar del Plata, históricamente afectada por inviernos crudos y prolongados.
Qué es la Zona Fría y por qué está en la mira del Gobierno
El Régimen de Zona Fría subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para los usuarios residenciales ubicados en áreas geográficas reconocidas por el Estado como de bajas temperaturas. Originalmente creado en 2002 para beneficiar a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, el esquema fue ampliado en 2021 a más de 3 millones de nuevos usuarios, incluyendo amplias zonas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y Santa Fe.
Según el portal especializado en energía EconoJournal, abogados del Ministerio de Economía están evaluando la legalidad de derogar esta ampliación vía decreto, sin pasar por el Congreso, debido a la resistencia de gobernadores y legisladores que no quieren asumir el costo político de un aumento tarifario en sus territorios.
Impacto directo en Mar del Plata
En Mar del Plata, la incorporación al régimen de Zona Fría representó un alivio económico directo para miles de hogares, en una ciudad con ingresos mayoritariamente medios y bajos, y que sufre temperaturas bajo cero durante los meses de invierno.
Eliminar este beneficio implicaría un aumento directo en las facturas de gas, justo en momentos en que se acumulan los efectos de la quita de subsidios, la recesión económica y la caída del poder adquisitivo.
Según estimaciones oficiales, el Tesoro destina alrededor de 300 millones de dólares al año para cubrir este subsidio. Una parte de la financiación también proviene de un recargo del 6,75% que todos los usuarios del país pagan en su factura, incluso aquellos que no reciben el beneficio.
Desde el oficialismo sostienen que la ampliación fue “desproporcionada” y que incluyó a sectores de ingresos medios y altos, generando un efecto regresivo. Pero lo cierto es que en ciudades como Mar del Plata, el régimen cumple un rol clave en garantizar el acceso al gas a precios razonables, en un contexto de clima hostil y salarios deteriorados.
Qué puede pasar y cuándo
Fuentes del Gobierno indicaron que el DNU podría publicarse luego de las elecciones legislativas de octubre, en un intento por evitar el costo político en plena campaña. En ese escenario, la cobertura volvería a reducirse a los 850.000 usuarios originales, excluyendo a los más de 3 millones incorporados en 2021.
En paralelo, ya comenzaron a aplicarse recortes parciales: por ejemplo, se eliminó el subsidio para titulares con más de un medidor.
Un estudio de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, revela que el consumo de gas por hogar aumentó un 7% en las regiones que ingresaron al régimen tras la ampliación, mientras que en las zonas que quedaron afuera la demanda cayó hasta un 9%, lo que el Gobierno interpreta como una señal de consumo “excesivo” por efecto del subsidio.
La incertidumbre crece
Por el momento, no hay definiciones oficiales sobre la continuidad del beneficio en Mar del Plata, pero crece la preocupación entre los usuarios, cooperativas, empresas distribuidoras y dirigentes políticos locales, ante la posibilidad de un nuevo aumento que impacte de lleno en los bolsillos.
