A primera vista, el anuncio de la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza podría interpretarse como un avance. Sin embargo, detrás del gesto diplomático persisten fuertes interrogantes sobre el futuro del territorio y de los 2,1 millones de palestinos que lo habitan.
La principal debilidad del plan es la falta de precisiones. No hay definiciones claras sobre seguridad, gobernabilidad ni sobre el retiro de las tropas israelíes. Y en ese vacío aparecen riesgos concretos que amenazan con hacer descarrilar el proceso.
Uno de los puntos más conflictivos es la exigencia de desarme de Hamas y de otros grupos armados de Gaza. Al presentar la segunda fase, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, advirtió que la negativa a entregar las armas “traerá consecuencias graves”.
Hamas, por ahora, se mantiene inflexible. Considera su arsenal como un instrumento de resistencia frente a décadas de ocupación israelí. Si esa postura no cambia, sectores de extrema derecha del gobierno de Benjamin Netanyahu ya presionan para retomar la ofensiva militar y “terminar el trabajo”.
Pese al fuerte golpe sufrido durante la guerra, informes de inteligencia de Estados Unidos estiman que Hamas habría reclutado más combatientes de los que perdió desde el inicio del conflicto. En ese contexto, el alto el fuego vigente desde octubre del año pasado se sostiene con extrema fragilidad.
Ambas partes se acusan de violaciones constantes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 450 palestinos murieron en ataques israelíes desde la entrada en vigencia de la tregua. Del lado israelí, el Ejército informó la muerte de tres soldados en ataques de grupos armados palestinos durante el mismo período.
Otro foco de tensión es la presencia militar israelí. Israel no dio señales de una retirada total y sostiene que necesita mantener un fuerte control de seguridad en Gaza. Funcionarios del gobierno hablan de “una nueva realidad” y aseguran que el enclave no volverá a la situación previa al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
A eso se suma una pregunta clave: ¿quién gobernará Gaza si Hamas queda fuera del poder? ¿Quién garantizará seguridad, educación y salud?
Desde hace meses se menciona la posibilidad de una Fuerza Internacional de Estabilización. Países como Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y la Autoridad Palestina fueron señalados como eventuales participantes. Pero hasta ahora no hubo compromisos concretos y los detalles brillan por su ausencia.
Además, cualquier actor que llegue a Gaza “de la mano de los tanques israelíes” corre el riesgo de ser rechazado por la población local.
Según el plan de Trump, Gaza tendrá tres niveles de gobierno. En la base, una administración de tecnócratas locales provenientes de la sociedad civil, cuyos nombres se anunciaron esta semana, con el aval de Hamas de no participar.
Por encima funcionará un Comité Ejecutivo con sede fuera de Gaza, integrado mayormente por extranjeros. Entre los nombres que trascendieron figura el del ex primer ministro británico Tony Blair, una figura profundamente resistida por amplios sectores palestinos por su cercanía con Israel y su rol en la guerra de Irak de 2003.
En el nivel superior estará el llamado “Consejo de la Paz”, presidido por el propio Trump. Entre los posibles integrantes se mencionan al primer ministro británico Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Para muchos palestinos, este esquema equivale a una forma moderna de colonialismo. La pregunta de fondo es si realmente tienen margen para elegir otra alternativa.
Mientras tanto, la situación humanitaria sigue siendo dramática. Aunque desde octubre ingresó más ayuda, las organizaciones humanitarias advierten que es insuficiente. Cientos de miles de personas continúan desplazadas, viviendo en carpas improvisadas.
El invierno agravó el escenario: lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas bajo cero provocaron inundaciones, derrumbes y la destrucción de refugios precarios. La mayoría de los niños lleva más de dos años sin acceso regular a la educación.
Así, aunque la segunda fase del plan de paz pueda presentarse como un paso adelante, el panorama sigue cargado de incertidumbre. Los riesgos son múltiples y el optimismo, por ahora, escaso.
