Melisa Centurión y Gustavo Pulti presentaron un proyecto de resolución en el que solicita al presidente Javier Milei a abstenerse a tomar decisiones vinculadas a la venta, concesión, cambio de uso, modificación urbanística, transferencia o cualquier otra forma de disposición sin garantizar información pública, participación ciudadana y consulta a las instituciones académicas, profesionales, sociales, culturales y comunitarias de la ciudad, en atención a las implicancias urbanísticas, ambientales, históricas, laborales y estratégicas involucradas. También solicitaron al Ministerio de Defensa de la Nación la remisión de toda la documentación e información vinculada a los predios correspondientes a la Base Naval Mar del Plata y demás bienes de las FFAA comprendidos en el decreto presidencial.
El DNU dispone la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización y/o concesiones y establece que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa.
De esta manera, la iniciativa alerta por el posible destino de inmuebles de enorme valor histórico, urbano, ambiental y social para la ciudad como el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Instituto Unzué, la Delegación Naval Mar del Plata, el Faro de Mar del Plata, el Hotel Antártida, el Hotel Tierra del Fuego, la Base Aérea Militar y la Base de Artillería Antiaérea 601 (GADA).
El proyecto aclara que, si bien el DNU 314/2026 no dispone una medida concreta sobre la Base Naval de Mar del Plata, resulta evidente que, por tratarse de un inmueble del Estado Nacional afectado al Ministerio de Defensa, el mismo queda alcanzado por el régimen establecido en la norma.
En ese marco, Centurión advirtió que cualquier intento de disposición sobre estos espacios debe contemplar el interés colectivo de la comunidad marplatense y no puede resolverse de manera unilateral desde el Gobierno Nacional.
La edil afirmó que la regulación implementada abre un escenario de incertidumbre respecto del destino futuro de este patrimonio estratégico para la ciudad, e interpela a las instituciones locales y a la comunidad marplatense acerca de los posibles usos y finalidades.
También remarcó la necesidad de promover un debate público, abierto y participativo sobre cualquier eventual transformación de los predios, incluyendo alternativas de preservación pública, usos productivos, recreativos, portuarios, náuticos o desarrollos urbanísticos.
Para Centurión, resulta necesario esclarecer mediante información suficiente, fundada y accesible la relevancia estratégica del área en el contexto de la Defensa Nacional.
En cualquier escenario, sostuvo que deben evitarse decisiones subordinadas a lógicas especulativas o de mercado ajenas a la planificación urbana, ambiental e histórica.
En paralelo, los concejales solicitaron al Ministerio de Defensa la remisión de toda la documentación vinculada a la Base Naval Mar del Plata y otros bienes alcanzados por el decreto, además de una sesión pública especial del Concejo Deliberante para su tratamiento urgente.
Por último, Centurión planteó: “¿Queremos los marplatenses un espacio público o privatizado en ese lugar?”, y destacó la necesidad de abrir el debate sobre los usos posibles, desde lo recreativo y productivo hasta lo inmobiliario, o su vínculo con la actividad portuaria y náutica.
“En ningún caso deja de resultar amenazante la hipótesis de una depredación especulativa si la definición del futuro de esas tierras queda en manos de los operadores de mercado”, concluyó.
