Mientras crecen las protestas frente a la Casa Rosada, una madre logró que la Justicia Federal obligue a su obra social a cubrir equipamiento ortopédico por más de $50 millones para su hija con discapacidad.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina se vuelve cada vez más crítica. En el marco de una nueva movilización frente a la Casa Rosada, familias enteras volvieron a reclamar por el recorte de prestaciones esenciales. Denuncian que obras sociales y prepagas están suspendiendo terapias, tratamientos médicos y entrega de equipamiento, incluso cuando están garantizados por ley.
Uno de los casos más recientes y contundentes fue el de una niña de 8 años con parálisis cerebral, epilepsia y dependencia motriz total. Su madre acudió a la Justicia luego de que la obra social se negara a cubrir el reemplazo de su equipamiento ortopédico, indispensable para su vida diaria.
Fallo judicial millonario: el Estado obliga a cubrir más de $50 millones
El amparo fue presentado con el patrocinio del Dr. Manuel Luaces, director de la consultora jurídica Reclamar Salud, especializada en derecho a la salud. El juez federal ordenó la cobertura inmediata de los tres elementos indicados por el equipo médico tratante:
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Silla de ruedas postural: $18.000.000
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Butaca postural para transporte vehicular infantil: $17.000.000
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Silla de traslado frontal compacto: $16.000.000
“No hablamos de lujos, sino de prestaciones necesarias para el desarrollo de la vida diaria de las personas con discapacidad. Sin embargo, por su alto valor económico, las prepagas no las están cubriendo y sólo pueden obtenerse a través de un amparo judicial”, explicó Luaces.
Prestaciones en riesgo y familias al límite
Desde Reclamar Salud aseguran que las consultas se multiplicaron en los últimos meses. El motivo principal: los valores del nomenclador nacional de discapacidad están completamente desactualizados frente a la inflación, lo que deja a muchas prestaciones fuera del sistema.
“El problema se agrava en los sectores más vulnerables. La falta de cobertura puede significar el abandono de tratamientos vitales o la imposibilidad de continuar con una rehabilitación”, advirtió el Dr. Luaces.
En Argentina, más de 4 millones de personas —el 10% de la población— tienen algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC. Y muchos no saben que, aunque la obra social no cumpla, pueden recurrir a la Justicia.
“Frente a esta realidad, miles de familias deben elegir entre endeudarse o abandonar tratamientos. Aun teniendo cobertura, muchas desconocen que existe la herramienta legal del amparo judicial”, agregó el abogado.
