La crisis financiera del PAMI dejó de ser una advertencia para convertirse en un problema concreto que impacta de lleno en la vida cotidiana de millones de jubilados. Con una deuda que supera los 500 mil millones de pesos, el organismo atraviesa un deterioro sostenido en su capacidad de pago que ya se refleja en el funcionamiento del sistema.
Prestaciones restringidas, cobros indebidos y mayores derivaciones al sector público forman parte de un escenario que se agrava. El cuadro es delicado: más de 5,5 millones de afiliados dependen de una red de clínicas, profesionales y proveedores que hoy advierten por la inviabilidad económica del esquema.
En la práctica, los efectos se multiplican. Pacientes que deben pagar consultas de su bolsillo, reintegros que llegan tarde y cubren apenas una parte del costo, y especialidades que directamente dejan de atender por PAMI. El desfasaje entre costos reales y pagos genera un cuello de botella que limita cada vez más el acceso a la atención médica.
El deterioro tiene un eje central en los prestadores. Clínicas, sanatorios y profesionales independientes comenzaron a reducir servicios o abandonar la atención ante la imposibilidad de sostener costos sin ingresos regulares. La retracción no es uniforme, pero se vuelve cada vez más visible en distintas áreas, desde prácticas ambulatorias hasta servicios de mayor complejidad.
Mientras tanto, el sistema se sostiene con dificultad gracias a los médicos de cabecera, que mantienen una mayor regularidad en los cobros. Sin embargo, incluso allí aparecen distorsiones: el cobro de plus por fuera del sistema, una práctica prohibida, comienza a repetirse como mecanismo informal para compensar la caída de ingresos.
A esto se suman denuncias sobre limitaciones operativas, como cupos encubiertos en los sistemas de autorización. En muchos casos, aun con una orden médica válida, los afiliados encuentran trabas para acceder a consultas o estudios, lo que profundiza la percepción de deterioro del servicio.
Impacto en Córdoba y presión sobre municipios
En Córdoba, la crisis adquiere características propias. Intendentes del interior elevaron reclamos por deudas vinculadas al PAMI en un contexto en el que los gobiernos locales deben absorber parte de la demanda sanitaria que el sistema nacional deja de cubrir.
El efecto es inmediato: hospitales públicos reciben más pacientes sin un aumento proporcional de recursos, mientras clínicas privadas limitan la atención a afiliados. El resultado es un sistema tensionado, con riesgo de saturación.
El intendente de Luque, Diego Viano, describió un escenario crítico. “La situación es muy complicada”, afirmó, y detalló que la única clínica de la localidad cerró, obligando al municipio a sostener un esquema de atención propio.
Según explicó, cerca del 65% del presupuesto municipal se destinó el último año a salud y acción social. “Es muchísimo para un municipio de 9.000 habitantes”, advirtió. Además, señaló atrasos en pagos del PAMI y otros organismos, lo que agrava el cuadro financiero local.
La crisis también alcanza a proveedores de insumos médicos, que alertan por demoras que afectan la disponibilidad de productos clave, desde prótesis hasta equipamiento especializado.
Tensión política y cuestionamientos en la gestión
El conflicto suma además un componente político. Intendentes comenzaron a apuntar al diputado Gabriel Bornoroni por el esquema de conducción del PAMI en Córdoba.
Las críticas se centran en la figura de Marcos Patiño Brizuela, actual responsable del organismo en la provincia y dirigente cercano al legislador. La relación entre ambos y su vínculo previo en el ámbito privado alimentan los cuestionamientos sobre la estructura de gestión.
El malestar crece en paralelo a los problemas en las prestaciones y la acumulación de deudas. En ese contexto, jefes comunales advierten que la crisis sanitaria también expone decisiones políticas con impacto directo en jubilados y en los sistemas de salud locales.
A esto se suman antecedentes recientes que pusieron bajo la lupa a Patiño Brizuela, tras conocerse el acceso a un crédito millonario del Banco Nación en condiciones cuestionadas, lo que generó ruido incluso dentro del oficialismo.
El escenario, lejos de estabilizarse, muestra señales de profundización. Con prestadores en retirada, municipios desbordados y afiliados con cada vez más dificultades para acceder a la atención, la crisis del PAMI se consolida como uno de los focos más sensibles del sistema sanitario argentino.
