La posibilidad de que vuelvan los créditos de la ANSES quedó nuevamente en agenda política. Tras la eliminación del programa a través del decreto 421/2025, el tema será debatido otra vez en el Congreso a partir del 1° de marzo de 2026, con el inicio de las Sesiones Ordinarias.
Un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley que propone restituir los préstamos, aunque bajo un esquema completamente distinto al anterior y con fuertes restricciones en el uso del dinero.
La iniciativa se denomina “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” y plantea utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El objetivo es único y específico: permitir que los beneficiarios cancelen deudas ya existentes y no destinar los fondos al consumo.
Según el proyecto, los créditos no podrían retirarse en efectivo ni utilizarse libremente. El dinero se aplicaría directamente al pago de saldos de tarjetas de crédito, deudas bancarias o compromisos con financieras, con la intención de aliviar la carga de intereses elevados que hoy afectan a los sectores más vulnerables.
Quiénes podrían acceder a los créditos de ANSES en 2026
El texto legislativo establece como potenciales beneficiarios a los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados del SIPA que perciban hasta seis haberes mínimos.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D.
Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
Personal de casas particulares.
Cuáles serían las condiciones del nuevo préstamo
El proyecto fija una serie de requisitos para limitar el endeudamiento y garantizar la capacidad de pago:
El monto máximo sería de hasta 1.500.000 pesos, con actualización automática según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La tasa de interés se calcularía sobre la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), con un margen adicional de más de 10 puntos, pero siempre por debajo del costo financiero de las tarjetas de crédito.
La cuota mensual no podría superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
Por ahora, se trata solo de una propuesta legislativa. Su aprobación dependerá del debate parlamentario y del respaldo político que logre reunir en un Congreso atravesado por fuertes discusiones sobre el rol del Estado y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
