“La Secretaría de Transporte y la AGP, que administra el Puerto de Buenos Aires, le duplicó la tasa al puerto de La Plata, lo cual tendrá impacto en el comercio, en la producción y en los demás puertos que interactúan con el puerto de la región capital” señaló el diputado, que presentó un proyecto de declaración repudiando la medida, que cuenta con la participación de los diputados de Unión por la Patria Juan Martín Malpeli y Susana González. “Es una decisión ilegítima del gobierno de Milei: un atropello que atenta contra el federalismo y la soberanía, favoreciendo al puerto de Buenos Aires y sus intereses asociados”.
El diputado provincial Gustavo Pulti, Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la legislatura bonaerense señaló que “la decisión que se tomó duplica el costo de la tasa para las embarcaciones que utilizan el Puerto de La Plata, impactando en las demás estaciones marítimas y fluviales que interactúan con ella. Es un aumento ilegítimo de los costos de las operaciones actuales y las que se esperan incorporar relativas al agro, la pesca y la energía” y agregó que “también atentará contra las obras del Canal Magdalena que tiene prevista la Provincia de Buenos Aires. En los hechos esto implica generar nuevas ventajas para los puertos de Montevideo y Buenos Aires, afectando la competitividad de nuestra economía, de nuestra producción, así como la proyección soberana de los intereses argentinos en el mar”.
El Puerto de La Plata opera alrededor de 800 buques anuales, y el 90% de ellos son de cabotaje, siendo el cuarto puerto público de la provincia en la operatoria de buques.
Pulti subrayó que “este incremento traerá aparejados aumentos en los combustibles líquidos que se comercializan hacia el interior del país y llegan por barcos que salen del puerto de La Plata. También aumentará el costo de la construcción, porque de ese puerto sale arena, canto rodado y otros materiales. La producción metalúrgica y la producción agrícola también sufrirán el impacto de este nuevo costo”.
Reclamo judicial por la medida inconsulta
A su vez, respecto de la decisión que se tomó el diputado remarcó que “es absolutamente incompatible que quien tiene la administración del puerto de Buenos Aires (AGP) sea quien grave con nuevos peajes y reglamente como va a operar la vía troncal navegable. Haciéndolo, además, sin ninguna consulta a las provincias y sin su consentimiento”.
Dentro de la misma iniciativa el diputado encomienda al ejecutivo provincial “el inicio de las correspondientes acciones legales para evitar la ejecución de esta medida inconsulta, ilegal e ilegítima de parte de la Secretaría de Transporte de la Nación y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP)”
