La Provincia busca revertir la medida que suspendió las subas aplicadas en las boletas de agosto y ordenó devolver a los usuarios lo cobrado bajo el nuevo cuadro tarifario.
El Gobierno de Axel Kicillof apeló el fallo que había frenado los aumentos de luz aplicados en la provincia de Buenos Aires y que, además, había ordenado reintegrar a los usuarios los montos cobrados durante agosto.
La resolución había sido dictada a mediados de septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Agustín López Coppola, luego de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino.
La Justicia había cuestionado el mecanismo utilizado por la Provincia para aplicar las modificaciones tarifarias, principalmente sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), y consideró que los usuarios debían tener una instancia de información y participación antes de que se definieran nuevos valores para un servicio público.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de una audiencia pública. Desde la Defensoría remarcaron que hace una década no se realiza una instancia de este tipo y cuestionaron que las denominadas tarifas de transición se mantengan durante años mientras continúan los incrementos.
La Provincia ahora va contra el fallo
Frente a esa decisión, el Gobierno bonaerense decidió recurrir a la Justicia y planteó una interpretación diferente sobre el esquema tarifario vigente.
La administración de Kicillof sostiene que la resolución judicial confundió dos mecanismos distintos: la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la denominada Etapa de Transición Tarifaria.
Según los argumentos de la Provincia, la RTI había sido diseñada originalmente para el período 2017-2022, con un esquema de actualización relacionado con los costos de distribución. Sin embargo, la emergencia económica, sanitaria y energética alteró ese mecanismo y dio lugar a un régimen transitorio.
Ese esquema comenzó a aplicarse en 2021 y fue prorrogado sucesivamente. Actualmente, según sostiene el Gobierno bonaerense, permanece vigente hasta el 31 de marzo de 2027.
Por ese motivo, la Provincia argumenta que los aumentos cuestionados no implican una nueva revisión integral de las tarifas, sino actualizaciones realizadas dentro de un régimen transitorio que todavía se encuentra vigente.
El Gobierno también sostiene que la normativa y los contratos de concesión permiten realizar esas modificaciones sin que sea necesario convocar una audiencia pública cada vez que se actualizan los valores.
Ahora la discusión quedó en manos de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que deberá definir si mantiene el freno dispuesto por el juez de primera instancia o hace lugar a la apelación de la Provincia.
Mientras tanto, la disputa judicial mantiene en suspenso el destino de los aumentos que llegaron en las facturas de agosto y la eventual devolución de los importes cobrados a los usuarios.
