La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves una apelación del Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente, por ahora, la actualización salarial para docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de distintos programas destinados a estudiantes.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso presentado por el Estado no podía ser tratado debido a que aún no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. Los demandantes cuestionaron la validez del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
La cautelar vigente obliga al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la norma. Estos puntos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de programas destinados al estudiantado universitario.
Sin embargo, la medida no alcanza a otros aspectos contemplados por la ley, como la recomposición integral de los presupuestos universitarios correspondientes a 2024 y 2025 ni otros programas de fortalecimiento institucional.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que existían elementos suficientes para sostener el reclamo de las universidades. Además, advirtió que la falta de aplicación de la norma podría generar un deterioro salarial significativo y afectar el derecho a la educación.
Pese a la decisión judicial, el impacto económico inmediato es limitado. El pasado 10 de junio, el Gobierno nacional, autoridades universitarias y representantes gremiales firmaron un acuerdo que contempla una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de los fondos destinados a hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.
El acuerdo también incluyó una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano desde junio y dejó abierta una nueva instancia de negociación paritaria para septiembre, donde se discutirá la evolución de los salarios frente a la inflación y la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024.
