Tras un extenso proceso judicial que se prolongó durante seis años, una asociación de defensa del consumidor logró una sentencia firme que obliga al Banco BBVA a reintegrar cerca de $9.600 millones a más de 620 mil usuarios de tarjetas de crédito. La resolución judicial se relaciona con cargos aplicados durante la refinanciación automática de saldos implementada en plena emergencia sanitaria por el Covid-19.
La causa fue impulsada por la Asociación de Consumidores Acuba, que cuestionó la forma en que se realizaron las refinanciaciones de los resúmenes de tarjetas durante la pandemia. Según determinó la Justicia, la entidad financiera obtuvo beneficios económicos indebidos a partir de esos mecanismos, lo que derivó en una condena millonaria.
Desde la asociación remarcaron que el alcance del fallo excede el monto que percibirá cada usuario afectado. Señalaron que el objetivo principal de este tipo de acciones colectivas es evitar que grandes empresas obtengan ganancias mediante prácticas que, aunque generen perjuicios individuales reducidos, terminan afectando a cientos de miles de personas.
De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, el perjuicio económico detectado inicialmente rondaba los $6.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que la gravedad de la conducta justificaba la aplicación de una sanción adicional mediante daño punitivo, lo que elevó significativamente el monto final de la condena.
Con la incorporación de esa penalidad y los intereses acumulados durante el proceso, la cifra total que deberá desembolsar el banco alcanza aproximadamente los $9.600 millones.
Pese a que la condena contra BBVA ya quedó firme, la disputa judicial todavía mantiene un capítulo abierto. La asociación de consumidores presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia al considerar que existen otros conceptos que no fueron incluidos en la sentencia y que también deberían ser restituidos a los clientes alcanzados por la medida.
Desde Acuba sostienen que buscan una reparación integral para todos los afectados y consideran que aún quedan aspectos pendientes de revisión.
Además, advirtieron que la práctica observada en este caso no habría sido exclusiva de una sola entidad financiera. Según indicaron, existen demandas similares contra otros bancos por situaciones que presentarían características equivalentes y que también están siendo analizadas por la Justicia.
El fallo se convirtió en uno de los antecedentes más importantes de los últimos años en materia de defensa de los consumidores y marca un fuerte mensaje hacia el sistema financiero. La resolución refuerza el criterio de que las empresas no pueden obtener beneficios mediante cargos masivos que, por su bajo impacto individual, suelen desalentar los reclamos de los usuarios, pero que en conjunto representan sumas millonarias.
