El concejal de Unión por la Patria, Diego García, denunció el estado de la limpieza urbana en General Pueyrredon y cuestionó la falta de controles del Ejecutivo municipal sobre el servicio de recolección de residuos. Desde el bloque opositor advirtieron que, pese a que el Municipio destina actualmente más de 180 millones de pesos por día a esta prestación, en distintos sectores de Mar del Plata y Batán persisten microbasurales, calles con residuos acumulados y una evidente falta de mantenimiento.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al incumplimiento del Plan de Contenerización, contemplado en el pliego de bases y condiciones para el micro y macrocentro de la ciudad, una zona que abarca unas 294 manzanas, avenidas principales y el frente costero.
García recordó que en octubre del año pasado presentó un proyecto de comunicación para conocer cuántos contenedores fueron instalados y mantenidos por el Municipio, tanto en áreas céntricas como en asentamientos vulnerables. Según señaló, esos pedidos de informes continúan sin respuesta.
Otro de los puntos planteados por la oposición es el retroceso en las políticas de separación de residuos en origen. Desde el bloque sostuvieron que la diferenciación entre la bolsa verde para materiales reciclables y la bolsa negra para residuos orgánicos dejó de ser una prioridad, lo que derivó en una menor concientización y en dificultades para el tratamiento posterior de los residuos.
“Estamos pagando un contrato carísimo para tener una Mar del Plata completamente sucia y abandonada. El pliego es muy claro respecto de las obligaciones de contenerización, pero el Municipio no garantiza que suceda y encima otorga prórrogas para un servicio que claramente no sirve”, afirmó el edil.
Además, cuestionó el funcionamiento del sistema de separación domiciliaria: “Si un vecino se esfuerza en separar los residuos y saca la bolsa verde, pasa el camión y levanta todo junto, ¿qué sentido tiene que haga la separación si después va todo al mismo lugar?”.
Finalmente, García insistió en que el problema no está relacionado con la falta de presupuesto. “No se trata de falta de recursos. Son 180 millones de pesos por día los que se le pagan a la empresa. Lo que falta es decisión política para hacer cumplir el pliego, dar respuestas a los vecinos y garantizar que la separación en origen tenga un destino correcto”, concluyó.
