La Municipalidad de General Pueyrredon presentó una denuncia penal para que se investigue lo que definió como un “negocio millonario ilegal” que funcionó durante años en la feria de la Bristol, conocida como “La Saladita”.
El escrito fue impulsado por el intendente Agustín Patricio Neme y apunta directamente al SIVARA, cuya sede también fue allanada en el marco de la causa federal.
Pagos de hasta $3 millones por puesto
Según la presentación oficial, varios feriantes declararon que debían pagar cifras muy altas para poder trabajar, siempre en efectivo y sin ningún tipo de comprobante.
Los montos denunciados son contundentes:
- $800.000 por mes fuera de temporada
- Entre $1.000.000 y $1.500.000 en meses intermedios
- Hasta $3.000.000 mensuales en algunos casos
El dinero era cobrado por personas que recorrían los puestos y anotaban los pagos en libretas informales.
Todo en un espacio público
Uno de los ejes más fuertes de la denuncia es que el predio funcionaba sobre tierras municipales, en la zona de la Playa Bristol.
Según el Municipio:
- Los permisos estaban vencidos
- No había autorización para cobrar alquileres
- Sin embargo, se habría montado un sistema paralelo de recaudación
Mercadería trucha y millones sin declarar
La denuncia también se apoya en la causa federal en curso, donde se investigan delitos vinculados a la comercialización ilegal.
Entre los puntos más graves:
- Secuestro de unos 8.000 productos de marcas reconocidas
- Sospechas de venta de mercadería falsificada
- Ingreso irregular de productos desde Paraguay
- Movimientos de dinero sin control fiscal
Incluso se menciona la existencia de transferencias diarias vinculadas a la recaudación del predio.
Apuntan a una estructura organizada
Para el Municipio, no se trataba de una feria informal más, sino de un sistema armado y sostenido durante años.
El documento habla de una organización estructurada que gestionaba el espacio en beneficio propio, con ingresos millonarios.
Un conflicto que recién empieza
La feria funcionó durante más de dos décadas y su caída dejó un fuerte impacto en la ciudad.
Mientras el Ejecutivo apunta al SIVARA, desde ese sector denuncian que el desalojo fue ilegal y anticipan acciones judiciales.
