El Foro de Periodismo Argentino expresó su preocupación por la situación que atraviesa el medio marplatense Qué Digital, al denunciar un presunto trato discriminatorio por parte de las autoridades del Municipio de General Pueyrredón.
A través de un comunicado difundido bajo la consigna #FOPEALibertadDeExpresión, la entidad sostuvo que el medio fue excluido de la pauta publicitaria oficial municipal hace más de un año, luego de una pregunta realizada en una conferencia de prensa que habría incomodado al entonces intendente Guillermo Montenegro.
Según detallaron desde el medio cooperativo, la decisión de quitar la pauta se produjo al día siguiente de aquella conferencia. Si bien desde el Ejecutivo se habría argumentado un ajuste presupuestario, indicaron que esa reducción no impactó en otros medios locales. También señalaron que se les retiró publicidad de entes descentralizados como OSSE y EMTUR.
FOPEA agregó que, además del cese de la pauta, el medio enfrenta dificultades para acceder a información pública y para entrevistar a funcionarios. De acuerdo con lo expuesto, actualmente deben canalizar cualquier solicitud a través del área de Comunicación municipal, que define con quién pueden dialogar.
En ese marco, mencionaron que desde hace meses intentan gestionar una entrevista con el actual intendente Agustín Neme, sin obtener respuesta, pese a que el jefe comunal sí brindó notas a otros medios.
También advirtieron que tuvieron inconvenientes para acceder a datos oficiales, como el presupuesto municipal 2026 y cifras vinculadas al movimiento turístico. Incluso, señalaron que debieron presentar pedidos formales de acceso a la información para obtener determinados datos.
En su pronunciamiento, FOPEA exhortó a las autoridades municipales a cesar cualquier trato discriminatorio y a garantizar mecanismos ágiles y directos para que los medios puedan acceder a la información pública y dialogar con los funcionarios.
La organización encuadró los hechos dentro de lo que considera un uso abusivo de la publicidad oficial y restricciones al acceso a la información pública, al entender que la información en poder del Estado pertenece a la ciudadanía y que el periodismo cumple un rol constitucional clave en su difusión.
