Cambió la firma en la Intendencia, pero no el esquema. Persisten los reclamos por obras y siguen sin conocerse en detalle los montos y criterios de la publicidad oficial.
En la calle los reclamos son los mismos. Pérdidas de agua que tardan en repararse, demoras en trabajos de mantenimiento y vecinos que esperan respuestas. En paralelo, el esquema de publicidad oficial de OSSE continúa sin modificaciones visibles.
La empresa municipal destina parte de su presupuesto a comunicación institucional. Sin embargo, no hay un desglose público claro que permita conocer cuánto se invierte, a qué medios se asignan esos fondos y bajo qué criterios se distribuyen.
Hubo cambios circunstanciales en la conducción política. El intendente Guillermo Montenegro se tomó licencia y asumió interinamente Neme. Pero en lo que respecta al manejo de la pauta, nada parece haberse alterado.
En el ámbito local se mencionan cifras millonarias. No existen datos publicados que permitan confirmarlas o descartarlas con precisión. Y esa ausencia de información es, en sí misma, parte del problema.
La publicidad oficial no es ilegal ni excepcional. Es una herramienta del Estado. El debate aparece cuando no hay reglas transparentes ni parámetros accesibles para el control ciudadano.
Sin criterios visibles, siempre queda la sospecha de que el reparto pueda responder a afinidades políticas más que a indicadores técnicos.
La pregunta sigue abierta.
¿Cuánto dinero público se destina a publicidad?
¿Quién controla esa asignación?
¿Está disponible para cualquier vecino el detalle completo del gasto?
La continuidad del esquema, más allá de los nombres propios, es lo que genera ruido.
Porque cuando los servicios tienen falencias y los números no se publican, la discusión deja de ser política y pasa a ser institucional.
Y en materia de fondos públicos, la transparencia no debería depender de quién esté firmando los decretos.
