La concejala Eva Ayala rechazó con dureza la exigencia de que las preguntas al Ejecutivo durante el tratamiento del Presupuesto se realicen por escrito. Consideró que la medida “contraviene los principios constitucionales” y vacía de contenido al Concejo Deliberante como ámbito de debate, control y publicidad de los actos de gobierno.
En un mensaje difundido en redes, Ayala sostuvo que “un parlamento por escrito es una caricatura” de lo que debe ser un cuerpo deliberativo. Advirtió que impedir la oralidad apunta a evitar que la ciudadanía conozca qué se discute y cómo responden los funcionarios. “Ningún vecino va a dejar de trabajar para ir en horario administrativo a buscar notas”, remarcó.
La edil calificó la metodología como “irregular, antidemocrática y oscura” y señaló que vulnera prácticas elementales del régimen representativo, republicano y federal. “No sabemos si es por falta de formación, por subestimar la importancia del debate o por apego a la falta de transparencia, pero ninguna de esas razones es aceptable”, afirmó.
Ayala defendió la necesidad de que las preguntas y respuestas se escuchen en vivo y puedan seguirse por los medios. “Los marplatenses y los batanenses deben poder escuchar y sacar sus propias conclusiones”, sostuvo, y subrayó que la publicidad de los actos de gobierno es una condición básica de la democracia, conocida desde Rousseau.
En ese marco, enumeró cuestionamientos que, dijo, deben plantearse de cara a la sociedad: las excepciones urbanísticas, pizzerías en plazas en lugar de juegos para niños, el costo de la recolección con basura en las calles y el aumento de tasas con menos servicios. “No es por escrito: lo vamos a decir con palabras que cualquiera pueda escuchar”, aseguró.
Por último, marcó un antecedente inédito: “Es la primera vez en 42 años de democracia que los funcionarios no concurren al Concejo Deliberante durante la presentación del Presupuesto”. Según denunció, el gabinete completo pidió enviar preguntas por escrito “desde la comodidad de sus oficinas”, lo que consideró un retroceso en términos de transparencia y control republicano.
