La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concretó esta semana la subasta anticipada de una Ferrari F430 y dos camionetas que habían sido secuestradas a la organización narcocriminal conocida como el clan Loza. En total, el Estado recaudó 339.231,15 dólares, fondos que volverán a las arcas públicas.
La venta de los vehículos había sido ordenada en agosto de 2024 por el juez federal en lo Civil y Comercial N°10, Gonzalo Auguste, a pedido del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de preservar el valor de bienes de alto costo de mantenimiento y riesgo de deterioro.
El remate más destacado fue el de la cupé Ferrari F430, modelo 2006, con apenas 16.855 kilómetros de uso. Salió a subasta con una base de 182.277 dólares y finalmente se vendió por 310.000 dólares, muy por encima de las expectativas iniciales.
En tanto, una camioneta Chevrolet 3100 pick up, con 62.682 kilómetros, fue subastada por 16.231,15 dólares. El precio base había sido de apenas 2.306 dólares, lo que implicó una revalorización de siete veces su valor inicial. El tercer vehículo, una Chevrolet Silverado modelo 1993 con 249.466 kilómetros, se vendió por 13.000 dólares, partiendo de una base de 5.728.
Los bienes habían sido decomisados en el marco de la causa penal que investigó al clan Loza por asociación ilícita y lavado de activos, un expediente tramitado en el fuero penal económico con colaboración de la justicia española e italiana. La investigación estuvo a cargo del juez Pablo Yadarola y derivó en condenas firmes contra los integrantes de la organización.
La subasta anticipada fue la primera realizada en el país desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, establecido por el decreto 62/2019. La acción civil había sido impulsada en 2019 por un equipo de fiscales encabezado por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, junto a fiscales del fuero civil y penal económico.
En ese expediente, el Ministerio Público Fiscal solicitó la extinción de dominio de 190 bienes valuados en cerca de 800 millones de pesos, entre vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo, pertenecientes a unos 35 integrantes de la organización narcocriminal.
La causa contra el clan Loza se inició en 2017 en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. Allí se investigó una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes desde Argentina hacia España y al contrabando de divisas desde Europa al país. En la pesquisa intervinieron la Gendarmería Nacional, la Dirección General de Aduanas y la Unidad de Información Financiera.
En 2021, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 condenó a diez imputados a penas de entre cuatro y diez años de prisión por lavado de activos, asociación ilícita y contrabando, y ordenó el decomiso de los bienes obtenidos a partir de esos delitos.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la venta anticipada permitió evitar la desvalorización de activos de alto costo operativo y recuperar recursos que, tras el proceso judicial, vuelven a la sociedad.
