La posible derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad encendió las alarmas entre prestadores, familias y organizaciones del sector. Así lo expresó Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos Mar del Plata, en diálogo con Franco Canales por Radio 10 Mar del Plata, luego de que se conocieran definiciones surgidas en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación.
Machado explicó que en una reciente reunión de dicha comisión, y con el acompañamiento del oficialismo y algunos aliados, se avanzó con un dictamen que contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, junto con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. Según detalló, el artículo 75 del texto debatido establece de manera explícita la eliminación de estas normas, que ya fueron sancionadas por el Congreso pero cuya aplicación se encuentra frenada por un decreto del Poder Ejecutivo.
Desde Prestadores Unidos MDP cuestionaron que no se brinden precisiones técnicas ni presupuestarias que justifiquen esta decisión. En ese sentido, Machado remarcó que se trata de leyes aprobadas mediante todos los mecanismos democráticos y consideró que el intento de derogación forma parte de “un trabajo silencioso” para evitar su puesta en funcionamiento. “No es una decisión técnica, es una decisión política”, afirmó, al sostener que existen recursos que podrían haberse destinado al financiamiento de la emergencia.
La referente del sector enumeró recortes y beneficios otorgados a otros ámbitos —como la quita de impuestos a importaciones y grandes ganancias— que, a su entender, demuestran que “dinero hay”. En contraposición, advirtió que el sistema de discapacidad atraviesa una situación de urgencia extrema y que, sin la aplicación inmediata de la ley, muchos servicios y prestaciones corren serio riesgo de desaparecer.
De cara a las próximas horas, Machado indicó que se esperan nuevas reuniones entre diputados y que el tema podría pasar al Senado. En ese marco, pidió coherencia a los legisladores y legisladoras para que respeten leyes ya sancionadas y defendió una mirada de derechos sobre la discapacidad. “No se puede considerar a una persona con discapacidad como un gasto”, sostuvo, y reclamó una decisión política que garantice la continuidad de un sector “vulnerable y vulnerado” que hoy necesita, al menos, “una pequeña curita para poder seguir respirando”.
