Con la nueva composición del Congreso desde el 10 de diciembre, el oficialismo buscará avanzar con una reforma laboral basada en los lineamientos incluidos en la Ley Bases y en el DNU 70/24, hoy parcialmente frenados por la Justicia laboral. En paralelo, la Casa Rosada abrió una ronda de diálogo con gobernadores para asegurarse los votos en Diputados y el Senado.
El anteproyecto está bajo estricta reserva dentro del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, donde junto al secretario de Trabajo Julio Cordero y sus equipos se ajustan los detalles finales. Según pudo reconstruir iProfesional, el texto apunta a una reconfiguración profunda de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales vinculados a conflictos laborales.
Los puntos que el Gobierno considera innegociables
Los lineamientos centrales están siendo trabajados también en el Consejo de Mayo, integrado por representantes del Ejecutivo, del sector empresario y del sindicalismo —que ya expresó su rechazo y participa mínimamente—.
En los últimos días, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger adelantó algunos criterios, aunque la decisión final está en manos de Capital Humano. Entre los aspectos centrales se destacan:
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Transformaciones en principios generales de la LCT.
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Cambios en criterios de registración laboral.
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Nuevas reglas sobre jornada, vacaciones, beneficios sociales y licencias.
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Ajustes en indemnizaciones y en la regulación de actividades consideradas esenciales.
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Capítulos específicos para trabajo en plataformas y para profesionales sin matrícula obligatoria.
Cómo cambiaría la Ley de Contratos de Trabajo
El borrador reorganiza el artículo 2 de la LCT y deja fuera:
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Empleo público.
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Trabajo agrario.
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Personal de casas particulares.
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Vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial.
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Servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.
El principio de la “norma más favorable” se mantendría solo ante una duda insuperable luego del análisis completo del caso.
Además, se reafirma la irrenunciabilidad y se establece que cualquier acuerdo conciliatorio o transaccional deberá ser homologado judicial o administrativamente.
Un cambio relevante aparece en el cálculo de la antigüedad: se computarán períodos sucesivos y se permitiría sumar tiempos previos si el empleado reingresa antes de dos años.
Otro punto sensible es el artículo 30: la responsabilidad del principal frente a contrataciones de terceros pasaría a ser subsidiaria y no solidaria, salvo por irregularidades de registración o falta de aportes.
Registración laboral y la creación de ARCA
El proyecto establece la creación de un sistema unificado de registración a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La inscripción del vínculo laboral debería hacerse exclusivamente a través de este organismo, y la falta de constancia generaría presunciones favorables al trabajador.
Cambios en vacaciones y organización del trabajo
El texto permitiría al empleador modificar modalidades de la prestación siempre que no afecten derechos del trabajador.
Las vacaciones se otorgarían entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionar en períodos no menores a siete días. También se reprogramarían en caso de enfermedad.
El artículo 155 ajustaría la forma de calcular el pago vacacional incluyendo salarios mensuales, valores diarios, variables, comisiones y trabajo a destajo.
Beneficios no remunerativos
La lista de beneficios sociales no remunerativos se ampliaría e incluiría:
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Prestaciones de salud.
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Reintegros por guardería.
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Ropa de trabajo.
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Útiles escolares.
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Gimnasios.
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Gastos de sepelio.
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Herramientas tecnológicas.
Ninguno de estos conceptos integraría la base remunerativa ni generaría nuevos aportes.
La respuesta sindical y las críticas de Sturzenegger
La semana pasada, Sturzenegger cuestionó la marcha de ATE y aseguró que la reforma no incluirá a los empleados públicos.
Además, planteó tres ejes centrales de la modernización laboral:
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Cambios en la industria del juicio y la registración para reducir la incertidumbre legal.
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Revisión de convenios colectivos, muchos anteriores a 1975.
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Redefinición de la prelación entre convenios nacionales, regionales, provinciales o por empresa.
También se mostró crítico con las cuotas y débitos obligatorios en la afiliación sindical, señalando que el nuevo esquema debería generar mayor flexibilidad.
Gobernadores, la llave del futuro debate legislativo
Tras el triunfo electoral del 26 de octubre, y con Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem fortalecidos dentro del oficialismo, el Gobierno inició una estrategia de diálogo con cada gobernador para conocer demandas y evaluar, junto al ministro de Economía Luis Caputo, cuáles pueden atenderse.
Los reclamos más repetidos incluyen:
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Fondos para obra pública y transporte.
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Mayores transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
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Solución a deudas previsionales.
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Aprobación de endeudamientos provinciales.
En ese contexto, sobresalió la colocación de USD 600 millones del Gobierno porteño a una tasa del 7,15%, que recibió la felicitación pública de Milei al jefe de Gobierno Jorge Macri.
Qué espera el Gobierno en el Congreso
La intención oficial es avanzar primero con el Presupuesto 2026, en sesiones extraordinarias desde mediados de diciembre, y luego buscar la aprobación de la Ley Bases 2 en febrero.
Con la nueva composición parlamentaria, LLA aspira a contar con unos 90 diputados propios y 20 senadores, números que obligan a acuerdos con bloques provinciales para avanzar con la reforma laboral.
