La Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ludmila Azcue, dialogó con Radio 10 Mar del Plata sobre los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de acceso a la justicia y violencia de género, y el papel de la universidad pública en estos procesos.
Azcue explicó que, aunque está graduada en Derecho, actualmente se desempeña en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. “Hubo una mesa de encuentro con referentas barriales de distintos barrios de Mar del Plata y Batán, trabajadoras de la justicia y organizaciones de derechos humanos como la APDH, con el objetivo de analizar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a medidas urgentes de protección”, detalló.
Entre los desafíos, identificó la reciente modificación de la Suprema Corte de Justicia, que derivó casos de violencia familiar del fuero de familia al fuero penal. “Esto dificultó el acceso a medidas urgentes, como restricciones de acercamiento o el retiro de efectos personales, fundamentales para la protección de la vida de las víctimas”, sostuvo.
La especialista también subrayó la importancia de las redes locales y la articulación con la universidad. “Los obstáculos no son solo judiciales: se suman la falta de recursos en comisarías, la retracción de políticas de género a nivel nacional y local, y las condiciones de vida de muchas mujeres, que enfrentan despidos, pluriempleo y desregulación de alquileres”, explicó.
Respecto a la situación de violencia de género en la ciudad, Azcue señaló que los registros de organizaciones feministas muestran más de 100 intentos de feminicidio en lo que va del año, además de la persistencia de los feminicidios. “Es necesario que existan estadísticas oficiales para afinar políticas públicas y proteger la vida de muchas personas”, indicó.
Sobre la prevención y la educación en género, enfatizó: “La violencia sexista existe y afecta principalmente a las mujeres. Todavía queda mucho por hacer en escuelas, medios de comunicación y en la forma en que opera la justicia, que sigue respondiendo a estructuras patriarcales”.
Azcue también destacó el rol de la universidad pública como espacio de formación, investigación y extensión territorial. “Cuando pensamos proyectos de extensión, los actores territoriales se sienten parte de la universidad. La universidad pública es un bien social y un aporte para construir una sociedad más justa”, afirmó.
En cuanto a cómo ayudar a víctimas de violencia de género, recomendó: “Es clave identificar si la persona tiene una red de apoyo y acompañamiento profesional en salud mental. Además, hay múltiples espacios y redes feministas en Mar del Plata que brindan asistencia y acompañamiento durante todo el proceso judicial”.
Finalmente, Azcue adelantó que se realizarán nuevas mesas de trabajo para sistematizar información, crear un observatorio de situación y definir estrategias para mejorar el acceso a derechos y políticas públicas en la ciudad. “Sembramos una semilla que se sostendrá más allá de la gestión universitaria, porque la convicción de transformar la sociedad está latente en las organizaciones con las que trabajamos”, concluyó.
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