Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon propone la creación de un canal municipal específico para recibir denuncias, reclamos y comunicaciones vinculadas a situaciones de maltrato, abuso, negligencia o irregularidades en residencias y hogares para personas mayores.
La iniciativa pertenece a la concejal Gaby Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, y surge a partir de hechos de extrema gravedad ocurridos en la ciudad hacia fines del año pasado, que tuvieron fuerte repercusión pública y mediática.
La propuesta plantea un sistema de acceso sencillo, gratuito y confidencial, pensado para que familiares, trabajadores, vecinos o las propias personas mayores puedan alertar al Estado local sobre situaciones de riesgo dentro de instituciones que alojan adultos mayores en el partido de General Pueyrredon.
Al fundamentar el proyecto, Azcoitía destacó el compromiso y la vocación del personal que trabaja en los geriátricos de la ciudad, aunque remarcó que los casos conocidos recientemente obligan a reforzar los mecanismos de prevención y control. “No puedo dejar de pensar en ese hombre maltratado que fue noticia en todo el país y en las mujeres que murieron en el incendio de un hogar. Tal vez ambas situaciones podrían haberse evitado”, señaló la concejal.
El texto de la ordenanza recuerda que el Estado argentino asumió compromisos jurídicos concretos en materia de protección integral de los derechos humanos de las personas mayores. En ese marco, se menciona el manual elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación para la detección y el abordaje de situaciones de maltrato en ámbitos institucionales.
Además, el proyecto hace referencia a la Ley provincial 14.263, que rige en la provincia de Buenos Aires y establece un régimen integral de derechos, obligaciones y responsabilidades vinculadas a la atención de personas mayores institucionalizadas.
Si bien el Municipio puede recepcionar denuncias relacionadas con el funcionamiento de residencias geriátricas, la iniciativa aclara que el control y la fiscalización directa de estas instituciones corresponde al gobierno provincial. No obstante, el canal municipal busca convertirse en una herramienta clave para detectar situaciones críticas a tiempo y activar los mecanismos correspondientes de intervención.
