El conflicto se desató el lunes por la noche y se prolongó hasta la madrugada del martes. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que más de veinte efectivos serán pasados a disponibilidad y no descartó acciones penales.
La protesta de policías en Santa Fe escaló a un nivel de fuerte tensión luego de que un reclamo salarial derivara en acuartelamientos y enfrentamientos entre los propios integrantes de la fuerza, principalmente en la ciudad de Rosario.
Las primeras concentraciones se registraron frente a la Casa de Gobierno provincial, con la participación de efectivos policiales, personal del Servicio Penitenciario y familiares. Con el correr de las horas, la movilización se trasladó a la Jefatura de Policía rosarina, donde se produjeron momentos críticos cuando agentes que no adherían a la medida intentaron desalojar a los manifestantes.
Frente a ese escenario, el ministro Pablo Cococcioni confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas y que al menos veinte policías serán pasados a disponibilidad. Además, anticipó que el número podría ampliarse a medida que avance la identificación de los involucrados.
“El reclamo puede ser atendible, pero no vamos a tolerar conductas que pongan en riesgo la seguridad ni el funcionamiento institucional”, señaló el funcionario, quien también advirtió que se investigará si existieron delitos durante los hechos registrados.
Durante la madrugada y las primeras horas de este martes, la protesta continuó con un “sirenazo” protagonizado por patrulleros en distintos puntos de Rosario. La situación se replicó en otras localidades, como Rafaela, donde también se registraron acuartelamientos, lo que amplió el alcance del conflicto en toda la provincia.
Entre los reclamos centrales de los efectivos figuran mejoras salariales y condiciones de trabajo, con especial foco en la salud mental del personal, un tema que tomó relevancia tras los episodios ocurridos dentro de la fuerza durante el último año.
Días antes, el gobierno de Maximiliano Pullaro había anunciado un plan integral para las fuerzas de seguridad, que contempla aumentos económicos y medidas vinculadas al bienestar del personal, como asistencia psicológica, alojamiento y transporte. Sin embargo, el anuncio no logró descomprimir el malestar y las protestas continuaron.
Mientras tanto, el Ejecutivo provincial refuerza su postura de avanzar con sanciones y sostiene que el diálogo debe darse sin afectar el orden interno ni la política de seguridad en Santa Fe.
