La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata manifestó su “profunda preocupación” ante la reciente entrada en vigencia del Decreto 273/2025, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una herramienta clave para controlar el ingreso de maquinaria y embarcaciones de segunda mano.
Según la entidad, la medida abre la puerta a una competencia desleal, con la posible entrada de equipos obsoletos y sin garantías de seguridad operativa, lo que podría afectar a la industria nacional y poner en riesgo a los trabajadores del sector.
“El CIBU no prohibía la importación, sino que la ordenaba. Permitía consultar a los fabricantes locales antes de autorizar la compra de bienes usados en el exterior”, explicaron desde la Cámara.
Este certificado, creado en 1994 durante la gestión de Domingo Cavallo, surgió como un mecanismo para proteger al entramado industrial argentino frente a inversiones especulativas, en un contexto de apertura económica.
En el caso de la industria naval, el CIBU fue fundamental para renovar una flota pesquera nacional que, hasta hace pocos años, operaba con buques de hasta 60 años de antigüedad. Gracias a una combinación de incentivos y planificación, muchas de esas embarcaciones fueron reemplazadas por unidades nuevas, fabricadas tanto en astilleros locales como del exterior.
Desde la Cámara destacaron que la industria naval argentina demostró capacidad para producir embarcaciones modernas y competitivas, incluso en contextos adversos:
“Se generaron inversiones, empleo y se alcanzaron récords de nuevas botaduras. Además, se redujo la antigüedad promedio de la flota”, señalaron.
Un antecedente que preocupa
La entidad recordó un antecedente similar: el Decreto 440/71, que habilitó el ingreso masivo de buques usados.
“En diez años, la mitad estaban abandonados en muelles y el 85% de las empresas importadoras había quebrado. Fue una política que destruyó la industria naval, generó chatarra portuaria y terminó costando millones al Estado”, advirtieron.
Críticas al doble discurso
La presidenta de la Cámara, Florencia Garrido, también apuntó contra el gobierno nacional por lo que considera una contradicción en el discurso:
“Estados Unidos, país que se suele tomar como modelo, prohíbe por ley la importación de buques usados e incluso de barcos nuevos. No buscamos cerrar el comercio, sino competir en igualdad de condiciones. Nadie puede competir contra bienes usados”, cuestionó.
Para la industria naval, esta medida representa un retroceso que pone en riesgo el desarrollo tecnológico, la innovación y el empleo calificado en el país:
“Este decreto va en contra de las políticas industrialistas de las potencias y se alinea con modelos extractivistas de países sin desarrollo industrial”, remarcaron.
Propuestas y llamado al diálogo
La Cámara informó que ya presentó alternativas superadoras ante las autoridades, que contemplan un sistema de evaluación previa ágil y transparente, teniendo en cuenta la existencia de producción nacional, el estado operativo del bien a importar y el cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
“Reafirmamos nuestra vocación de diálogo para construir un marco regulatorio equilibrado, que proteja el interés general y potencie la producción nacional”, concluyó Garrido.
