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“Masacre del Pabellón Séptimo”: condenan a 25 años a dos expenitenciarios por el incendio que dejó 65 muertos en Devoto

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Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 impusieron penas de 25 años de prisión al exdirector del penal de Devoto, Juan Carlos Ruiz, y al exjefe de Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, por su responsabilidad en la denominada “Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurrida en 1978. El tribunal declaró los hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Un tercer acusado fue absuelto.

Según informó la Fiscalía General N°2, a cargo de Abel Córdoba, los magistrados consideraron probado que 153 detenidos fueron sometidos a tormentos y que 65 murieron tras la represión y el incendio que se desató el 14 de marzo de 1978 en la Unidad Penitenciaria N°2, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Ruiz, de 93 años, y Galíndez, de 92, fueron condenados como coautores funcionales de tormentos reiterados en 88 casos y tormentos seguidos de muerte en otras 65 oportunidades. La pena coincide con lo solicitado por la fiscalía y la querella que representa a sobrevivientes y familiares.

En cambio, el excelador Gregorio Bernardo Zerda, de 74 años, fue absuelto. La fiscalía había pedido 22 años de prisión en su contra. Antes del veredicto, Zerda fue el único de los acusados que habló ante el tribunal: relató su historia personal, defendió su formación en el Servicio Penitenciario Federal y afirmó que “solo cumplió órdenes”.

El tribunal, integrado por los jueces Nicolás Toselli (presidente), Daniel Obligado y la jueza Adriana Palliotti, rechazó un planteo de prescripción presentado por la defensa y ratificó que los hechos son imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad. También desestimó un planteo por supuesta violación al principio de congruencia formulado por la defensa de Ruiz.

Durante el debate oral, iniciado en octubre de 2024, la fiscalía expuso que la represión de aquel día respondió al contexto dictatorial y al plan criminal de la época. Sostuvo que las víctimas, pese a ser “presos comunes”, estaban bajo custodia del Estado y fueron alcanzadas por prácticas sistemáticas de violencia. En noviembre del mismo año, el tribunal y las partes realizaron una inspección ocular en el penal, donde sobrevivientes identificaron los lugares donde ocurrieron los hechos.

El Tribunal Oral informó que los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 16 de marzo de 2026.

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