La conducción de la Confederación General del Trabajo resolvió este lunes convocar a una movilización a Plaza de Mayo el próximo jueves para frenar el avance del proyecto de reforma laboral enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La central entiende que la iniciativa recorta derechos individuales y colectivos, y decidió acelerar una respuesta política antes del debate parlamentario.
El texto oficial incluye un capítulo sobre cuotas sindicales que encendió alarmas en gremios de peso. Plantea que las empresas podrán retener los aportes solo con consentimiento expreso del trabajador, acuerdo entre sindicato y empleador, y autorización de la Secretaría de Trabajo. Además, cualquiera de las partes podrá dar marcha atrás con un aviso de 30 días. En la CGT consideran que este esquema introduce más controles y podría erosionar la recaudación gremial.
La posición crítica ya había sido anticipada por Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, quien advirtió que la iniciativa “busca quitar derechos y desarmar estructuras del derecho colectivo e individual”. Según el sindicalismo, la propuesta oficial impulsa una flexibilización general, reduce protecciones laborales vigentes y reordena las reglas de representación.
La marcha del jueves será la primera respuesta orgánica de la central obrera frente al paquete laboral del Gobierno. Participarán gremios de alcance nacional y organizaciones aliadas. En paralelo, el oficialismo intenta sumar avales entre gobernadores y bloques dialoguistas para garantizar apoyo en el Senado, mientras la CGT no descarta profundizar las medidas si el proyecto avanza sin cambios.
