Israel revocará las licencias de 37 organizaciones humanitarias internacionales que operan en Gaza y Cisjordania, una decisión que encendió fuertes críticas de la Unión Europea, el Reino Unido y otros países aliados. Las suspensiones entrarán en vigor el 1 de enero y obligarán a las ONG afectadas a cesar sus actividades en un plazo de 60 días.
Entre las organizaciones alcanzadas figuran ActionAid, International Rescue Committee, Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para los Refugiados. El gobierno israelí sostuvo que no cumplieron con los nuevos requisitos de registro, entre ellos la entrega de datos personales “completos y verificables” de su personal, una exigencia que las ONG consideran riesgosa para la seguridad de sus trabajadores.
La medida fue condenada por los cancilleres de diez países, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá, Japón y Suecia, quienes advirtieron que las ONG son “esenciales” para la respuesta humanitaria en Gaza. “Sin ellas será imposible cubrir las necesidades urgentes a la escala requerida”, alertaron en un comunicado conjunto.
Desde Bruselas, la comisaria europea de Ayuda Humanitaria, Hadja Lahbib, fue contundente: “Bloquear a las ONG en Gaza significa bloquear ayuda que salva vidas”. En la misma línea, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión de “arbitraria y escandalosa”, y advirtió que agrava una situación ya crítica para la población civil.
Las organizaciones humanitarias recuerdan que gestionan o sostienen la mayoría de los hospitales de campaña, centros de salud primaria, refugios de emergencia, servicios de agua y saneamiento, y programas de nutrición infantil en Gaza. Médicos Sin Fronteras advirtió que una eventual inhabilitación impediría su labor en el enclave, donde asiste a uno de cada cinco pacientes hospitalizados y a uno de cada tres nacimientos.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel aseguró que la decisión no afectará el flujo de ayuda, que continuará a través de “canales aprobados”, como agencias de la ONU y socios bilaterales. Además, el organismo militar Cogat sostuvo que las ONG suspendidas aportaron apenas el 1% del volumen total de ayuda durante el actual alto el fuego.
Israel argumenta que el nuevo marco regulatorio busca evitar la infiltración de grupos terroristas en estructuras humanitarias. Entre los motivos de rechazo figuran la negación del carácter judío del Estado de Israel, el apoyo a boicots o a acciones judiciales contra fuerzas israelíes, o la vinculación con organizaciones armadas. En ese marco, el gobierno israelí acusó sin presentar pruebas a empleados de Médicos Sin Fronteras de tener lazos con Hamas y la Yihad Islámica, algo que la ONG negó de forma categórica.
Desde el Consejo Noruego para los Refugiados advirtieron que la entrega de listados completos de personal palestino podría exponerlos a represalias. “Cientos de trabajadores humanitarios murieron en los últimos dos años. Identificarlos públicamente es ponerlos en riesgo”, señalaron.
El conflicto en Gaza se desató tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos en Israel. Desde entonces, más de 71.000 personas murieron por la ofensiva israelí en el enclave, según el Ministerio de Salud local. Aunque informes recientes de la ONU detectaron mejoras parciales en el acceso a alimentos tras el alto el fuego, unas 100.000 personas siguen en condiciones consideradas “catastróficas”.
La comunidad internacional insiste en que la continuidad del trabajo humanitario es clave para evitar un colapso mayor. La presión diplomática ahora apunta a que Israel revise una decisión que, según advierten las ONG y la ONU, puede tener consecuencias directas sobre la vida de cientos de miles de civiles en Gaza.
