En un fallo sin precedentes en la provincia, el Juzgado Federal N°1 de Mendoza dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. La medida se enmarca en la reciente Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafia”, que incorporó al Código Penal el artículo 210 ter, utilizado por primera vez en el distrito.
La resolución, firmada el pasado 6 de junio por el juez subrogante Marcelo Garnica, sostiene que la banda estaba estructurada de manera compleja y jerarquizada, con dos reclusos como cabecillas, y se dedicaba al tráfico de drogas, armas de fuego, municiones y vehículos con irregularidades. El magistrado justificó la aplicación del nuevo artículo penal en “la gravedad y organización sostenida en el tiempo de las maniobras delictivas investigadas”.
Investigación y estructura de la banda
La causa se originó el 5 de junio de 2024 a partir de una denuncia anónima recibida en el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz. Tras una extensa pesquisa en conjunto con la Unidad de Inteligencia Criminal de la Gendarmería Nacional, se realizaron escuchas telefónicas, análisis de dispositivos móviles, vigilancias y allanamientos.
En los operativos, realizados entre el 14 y el 22 de marzo de este año, se incautaron:
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6 armas de fuego de distintos calibres
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2 réplicas de escopeta y subfusil
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Más de 500 municiones
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498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana
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14 plantas de marihuana, semillas y troqueles de LSD
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6 balanzas de precisión
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3 automóviles, 2 motocicletas y más de 90 teléfonos celulares
Además, se allanó una finca en el piedemonte mendocino, conocida como “La Abuela”, utilizada como centro de acopio y distribución de drogas y armas.
Narcotráfico desde la cárcel
Una segunda denuncia anónima reveló que las sustancias ilícitas ingresaban al penal mediante visitas de mujeres embarazadas y niños, que no eran sometidos al escáner de seguridad. También se investigan presuntas complicidades dentro del Servicio Penitenciario, donde se mencionan dos agentes: uno acusado de ingresar cocaína y otro de facilitar teléfonos celulares. Ambos casos siguen en etapa de verificación.
“Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del Complejo Penitenciario Federal de Mendoza”, sostuvo el juez Garnica.
Prisión preventiva, embargos y control reforzado
El juez accedió al pedido del fiscal Alcaraz y resolvió aplicar el nuevo artículo 210 ter del Código Penal, que contempla penas agravadas por integrar una asociación ilícita con fines delictivos complejos, especialmente en casos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
Además, se ordenó que los dos principales líderes de la banda sean incorporados al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal, lo que implica un régimen de alojamiento con control intensificado, conforme a la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por último, se dictó embargo de bienes hasta cubrir $4.680.000 por cada imputado. En caso de no ofrecer bienes, se aplicará la inhibición general de sus patrimonios.
